Los rebeldes de Darfur rechazan más negociaciones si Sudán no readmite a las ONG internacionales

El grupo rebelde de Darfur Movimiento Justicia y Democracia ha rechazado mantener nuevas negociaciones con el Gobierno sudanés de Omar al-Bashir hasta que éste no readmita a las ONG internacionales que expulsó del país hace dos semanas. El líder del movimiento, Khalil Ibrahim, ha exigido también al Gobierno sudanés que libere a los prisioneros del grupo, tal como se comprometió en un acuerdo que ambas partes en conflicto firmaron el pasado febrero en la capital de Qatar, Doha.

El anuncio marca una nueva escalada en la crisis de la región de Darfur desde que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de arresto contra el presidente de sudán, Omar al-Bashir, por crímenes de guerra y contra la humanidad. Sudán ha acusado a la CPI de servir al colonialismo y ha declarado que la Corte no está "moralmente capacitada" para emitir una orden de arresto contra él.

Como represalia a la orden de arresto, al-Bashir expulsó a 13 ONG extranjeras y tres locales de la castigada región de Darfur, con el argumento de que habían colaborado con el alto tribunal. Las organizaciones han llamado la atención sobre la gravedad de la crisis y las terribles consecuencias que tendrá su expulsión de la zona. "El Movimiento Justicia y Democracia ha declarado el estado de emergencia entre sus filas y está preparado para proteger a la gente de Darfur", ha dicho Ibrahim, que ha insistido en que no acudirán a las negociaciones previstas con el Gobierno para dentro de tres semanas en Doha.

Durante las conversaciones del mes pasado, tanto el Gobierno como los rebeldes se comprometieron a hacer de las conversaciones de paz una prioridad y a adoptar medidas que permitieran la generación de confianza mutua, como el intercambio de prisioneros. Ambas partes declararon que se reunirían de nuevo para firmar un "acuerdo marco" más formal, antes de negociar un alto el fuego.

El conflicto de Darfur, región del oeste de Sudán y fronteriza con Chad, estalló en febrero de 2003 cuando dos grupos rebeldes, el Movimiento de Justicia e Igualdad (MJI) y el Movimiento para la Liberación de Sudán (MLS), se levantaron en armas contra el régimen de Jartum en protesta por la pobreza y la marginación que sufrían los habitantes de esta región. Según han denunciado diversas ONG y la ONU, el conflicto, que todavía sangra a los habitantes de la zona, causó la muerte de más de 300.000 personas y obligó a más de dos millones y medio de civiles a huir y permanecer en campos de refugiados por temor a las violaciones y el miedo.