Las regiones bolivianas rechazan un proyecto para inhabilitar gobernadores

El intento del Gobierno boliviano de inhabilitar a los gobernadores electos de Santa Cruz, Tarija y Beni con la aprobación de una ley transitoria de autonomías ha despertado una ola de rechazo ciudadano y ha provocado que los dirigentes regionales de Tarija y Beni se declarasen ayer en huelga de hambre. Mientras, Santa Cruz y Chuquisaca planean otras medidas de presión para los próximos días.

La comisión de autonomía y organización territorial del Senado aprobó, con modificaciones de forma pero no de fondo, tres polémicos artículos de un proyecto de ley para regular el sistema autonómico. Estos artículos establecen la suspensión de los gobernadores en caso de que se enfrenten a una acusación formal ante la justicia, que durará mientras se sustente el proceso y hasta que se conozca el fallo judicial.

Los parlamentarios de la oposición coinciden con los analistas políticos en señalar que estas disposiciones, consideradas ajenas a una norma transitoria, tienen como objetivo buscar el alejamiento de tres gobernadores con quienes el presidente, Evo Morales, se niega a trabajar. El Ministerio de Transparencia investiga las gestiones de los reelegidos prefectos de Tarija, Mario Cossío, y Beni, Ernesto Suárez, que corren el riesgo de no llegar a ejercer sus cargos a partir del 30 de mayo, si los procesos en curso llegan a convertirse en acusación formal.

"Todo nos hace pensar que [el oficialismo] tratará de imputar a los gobernadores electos para destituirlos después de que juren y desplegar toda una pantomima para hacer creer que cumplieron su palabra", declaró la senadora opositora de Convergencia Nacional, Centha Reck, quien también lamentó que la mayoría parlamentaria en la Asamblea Legislativa, del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS), "no mueve un punto ni una coma sin ir a consultar al Ejecutivo y vuelve con alguna nueva triquiñuela que dice lo mismo".

Los principales dirigentes regionales de los tres departamentos, además de Chuquisaca, se reunieron el martes en Santa Cruz para definir las medidas de protesta y rechazo de las acciones del MAS. Anticiparon su oposición a la aprobación de la ley transitoria y se mostraron dispuestos a rebelarse contra la pretensión de cualquier ciudadano de usurpar las funciones de los gobernadores que fueron elegidos por mayoría de votos el pasado 4 de abril.

La presidenta del Comité Cívico de Tarija, Patricia Galarza, explicó el calendario de la huelga de hambre: "Primero [la hará] el directorio en pleno de la institución y después se irá masificando la medida", independientemente de otras acciones, como manifestaciones callejeras en las principales ciudades del país.

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, que ya fue llamado a declarar sobre la presunta malversación de fondos para la financiación del referéndum autonómico, afirmó que el 1 de junio asumirá el cargo y, si fracasan todas las gestiones para evitar la aprobación de la ley transitoria, será "el primero en acatar la huelga de hambre en defensa de la libertad y la democracia".

El presidente de la Corte Nacional Electoral, José Antonio Costas, aseguró que todos los cargos electos -gobernadores, alcaldes, asambleístas, concejales, corregidores y otros- asumirán sus puestos el próximo día 30, ya que sobre ninguno de ellos pesa una sentencia en firme que se lo impida, y desechó así las pretensiones de algunos dirigentes del MAS de cuestionar la toma de posesión de los opositores.

El vicepresidente, Álvaro García Linera, criticó la actitud de sus adversarios políticos y señaló que tanto él como el presidente Morales pueden ser investigados. "Nos sometemos a la Constitución", recordó. Y preguntó el motivo por el que "alguna autoridad electa tiene miedo a ser investigada y fiscalizada. A no ser que haya cometido algún delito y, si sabe que ha cometido algún delito, entonces ahora quiere inmunidad", advirtió categóricamente, y agregó que "los gobernadores no pueden atribuirse la potestad de ser Dios y decir 'a mí nadie me juzga".