El sacerdote intocable
La Iglesia católica y el Gobierno británico encubrieron a un cura sospechoso de terrorismo en el Ulster
A media mañana del 31 de julio de 1972, Kathryn Eakin estaba limpiando los cristales del colmado familiar cuando explosionó la primera bomba en el pueblo de Claudy. Tenía ocho años y se convirtió en la víctima más joven de un atentado en cadena (tres coches bomba) que asesinó a nueve vecinos, cinco católicos y cuatro protestantes, en aquel enclave de Irlanda del Norte de apenas 1.300 habitantes. Ningún grupo paramilitar reivindicó el que fuera uno de los ataques más salvajes en la historia de los Troubles (el conflicto norirlandés), y tampoco nadie fue nunca detenido.
Solo 38 años después, un informe oficial acaba de confirmar que la policía de la época tenía en su mira a un cura católico como principal sospechoso, pero su identidad fue encubierta con la connivencia de los poderes del Estado y la Iglesia. Los supervivientes y los familiares de los fallecidos se preguntan ahora por qué James Chesney se erigió en el sacerdote intocable.
Las familias de los 9 muertos en el atentado de Claudy piden explicaciones
Las conclusiones de una segunda investigación iniciada en 2002, difundidas el pasado martes por Al Hutchinson, ombudsman [defensor del ciudadano] de la policía norirlandesa, revelan cómo los servicios de inteligencia estaban convencidos de que Chesney era nada menos que el director de operaciones del IRA (Ejército Republicano Irlandés) y estuvo implicado en la planificación del atentado. Los detectives incluso hallaron restos de explosivo en su vehículo, pero el mando policial les denegó el permiso para detener e interrogar al religioso. La antigua policía del Ulster (RUC) y el propio Gobierno conservador británico temían que ese paso diera pie a acciones de venganza por parte de los paramilitares protestantes y a las consiguientes represalias del IRA. Que inflamara todavía más las tensiones en el seno de una comunidad al borde de la guerra civil. Durante aquel turbulento 1972, casi medio millar de personas murieron de resultas de la espiral de violencia política.
En este contexto, el nuevo informe sobre el triple atentado de Claudy da cuenta de un conciliábulo entre el entonces responsable del RUC, Graham Sillington, el secretario de Estado para la provincia, William Whitelaw, y el jefe de la Iglesia católica de Irlanda, el cardenal William Conway, quienes acordaron trasladar al padre Chesney a una parroquia del condado de Donegal (República de Irlanda), fuera del alcance de la justicia norirlandesa. Los tres protagonistas están hoy muertos y, por tanto, los motivos últimos de aquella decisión quedan circunscritos al terreno de las especulaciones. Hutchinson ha concluido que no hubo ninguna "intención criminal" por parte de la policía, el Gobierno o el clero, y considera probable que la detención del sacerdote habría "agravado la situación de seguridad" en la provincia. Tan solo seis meses antes de aquel suceso, se había registrado la matanza de Londonderry, segunda ciudad norirlandesa, donde los disparos indiscriminados de paracaidistas británicos contra un grupo de manifestantes acabaron con la vida de 13 personas.
El salomónico veredicto del ombudsman subraya también que esos cálculos políticos acabaron "defraudando la memoria de los muertos, a los heridos y a todos los desconsolados por el atentado". ¿Dónde está la moralidad en el acto de ayudar y encubrir a un sospechoso de terrorismo?, claman afectados como Mark Eakin, el hermano de la niña Kathryn, o James Miller, quien perdió a su abuelo en la explosión de la tercera de las bombas. Al igual que los restantes familiares de las víctimas, ambos exigen al Gobierno británico que el caso se plantee en el Parlamento de Westminster e inquieren al primer ministro que "no acabe escondiendo el asunto debajo de la alfombra".
La reacción del actual secretario de Estado para Irlanda del Norte, Owen Patterson, básicamente lamentando que "el atentado no fuera investigado adecuadamente", les resulta a todas luces insuficiente y reclaman respuestas a tantos interrogantes que siguen pendiendo en el aire. Una vez refugiado el sacerdote en Donegal, ¿por qué se le permitió cruzar la frontera y desplazarse a territorio norirlandés en repetidas ocasiones, cuando se le consideraba un miembro destacado del IRA?
"A mí me ha defraudado el Gobierno británico, al que pago mis impuestos, pero también me dan pena los católicos que se sienten abandonados por su propia Iglesia", afirma Eakin sobre el papel de la jerarquía católica en aquel acuerdo secreto. Miembros de esa confesión han criticado que el máximo responsable eclesial no solo contribuyera a proteger al padre Chesney, sino ante todo que se le permitiera seguir ejerciendo como sacerdote. Otros sectores católicos han defendido, sin embargo, la posición que adoptara el cardenal Conway. ¿Qué alternativa tenía cuando la propia policía y el Gobierno le transmitieron sus reticencias a actuar contra el párroco? "Su traslado no impidió la posibilidad de que fuera posteriormente detenido e interrogado", subrayaba en un comunicado emitido esta semana el primado de la Iglesia de Irlanda, Sean Brady, negando que esta institución fuera encubridora de las supuestas acciones del cura.
James Chesney, quien cuestionado en aquel momento por sus superiores sostuvo que era inocente, falleció en 1980 a causa de un cáncer cuando contaba 46 años. Incluso si se acabara atendiendo a demandas como la de Marjorie Leslie, una de las heridas en el atentado de Claudy, para que se investigue la implicación de otras personas, resultará muy difícil establecer si realmente ese sacerdote católico pudo cometer un crimen execrable con toda impunidad.
