Una sentencia, muchos desacuerdos

Dos años y una reforma de la Corte Suprema han sido necesarios para que al final el máximo tribunal argentino llegara al acuerdo de emitir una sentencia que justifica las medidas de emergencia adoptadas por el Gobierno argentino en enero de 2002, después de semanas de movilizaciones ciudadanas, violentas manifestaciones con muertos, saqueos en comercios y un desfile de mandatarios por el sillón presidencial, que una sola semana conoció hasta cinco titulares.

En este ambiente, los magistrados han estimado que la conversión automática a pesos de los ahorros no constituyó una merma del derecho a la propiedad privada, sino que fue un ejercicio de soberanía monetaria.

La resolución ha visto la luz coincidiendo con el quinto aniversario de la catástrofe económica e institucional, y a menos de un año de las elecciones presidenciales para las que el gran favorito es el actual presidente, Néstor Kirchner, que ha hecho de la recuperación económica su principal bandera. Y es Kirchner quien ha dado el visto bueno para que desde el grupo peronista en el Senado, su mujer, Cristina Fernández, liderara la reforma de la Corte Suprema, que al reducir su número de miembros también ha disminuido los votos necesarios para aprobar una resolución.

A pesar de ello, el texto resalta las discrepancias existentes. Algunos de los cinco jueces que votaron a favor del fallo emitieron votos particulares que pueden tener importantes repercusiones. Tal es el caso de Carlos Fayt, quien deja abierta por escrito la posibilidad de que los afectados puedan reclamar "indemnización de perjuicios a través de un juicio posterior".

A su vez, Carmen Argibay no suscribió que la aplicación de las normas de emergencia no haya lesionado el derecho de propiedad. "La conclusión que arroja el final de esta dramática etapa es que todo vale en situaciones de emergencia económica", señalaba ayer en las páginas de La Nación el analista Néstor Scibona.