Un trato preferente para la educación y la sanidad
Tanto la sanidad como la educación públicas han tenido trato preferente en el ajuste presupuestario. Aunque el Ministerio de Educación, con un presupuesto anual de 57.600 millones de libras (65.500 millones de euros) va a sufrir un recorte del 3,4% en términos reales en cuatro años, ese recorte se va a realizar sobre todo mediante la supresión de organismos paralelos, pero se van a mantener los presupuestos de las escuelas de Inglaterra, que crecerán de 35.000 millones de libras a 39.000 millones de libras.
Una protección semejante tendrá la sanidad pública, que consume unos recursos de 106.000 millones de libras anuales (cerca de 121.000 millones de euros). El NHS (Servicio Nacional de Salud, en sus siglas en inglés) tendrá un aumento del 1,3% en términos reales hasta 2015, aunque eso obligará a buscar ahorros de hasta 20.000 millones de libras en gastos de funcionamiento para mantener la prestación de servicios.
Pero no todos los servicios públicos van a poder mantener los actuales niveles. Los estudiantes universitarios, por ejemplo, van a ver cómo la liberalización del actual sistema de tasas puede más que doblar el actual coste de las matrículas.
Tanto el Ministerio de Justicia como el Home Office van a ver recortado su presupuesto en un 6% y la policía más concretamente en un 4% anual, lo que puede acabar afectando directamente a la presencia de policías en la calle, un tema de gran sensibilidad política en Reino Unido. Paradójicamente, la lucha contraterrorista, citada como una de las prioridades de la nueva política de Defensa, va a ver mermados sus recursos en más de un 10%. Los recortes en el Ministerio de Defensa (8% acumulado en cuatro años) no van a tener la dimensión de los que sufren otros departamentos, pero van a obligar a un severo ajuste tanto en soldados como en material en los tres ejércitos.
De los grandes departamentos ministeriales, los más afectados serán el de Negocios e Innovación (del que dependen las universidades) y el de Comunidades y Gobierno Local (que gestiona las ayudas a la vivienda a través de los Gobiernos municipales), que perderán un 7,1% anual cada uno de ellos.
