Se vende información para extorsionar

La de Inés es una historia de todos los días en México, un país con 80 millones de teléfonos móviles. Hace dos semanas, contestó una llamada y escuchó: "Hola, tía Inés, cómo te va. Soy tu sobrino favorito, de los más guapos, de los Marrón, no de los González. ¿Estás con el perro?". Como en efecto sus apellidos son esos y tiene un perro, Inés dudó de sí misma. "¿Quién habla?". "Soy yo, te marco desde Los Ángeles, necesito que me envíes dinero, estoy en un problema...". Inés cortó la comunicación y no atendió cuando volvió a sonar el aparato, pero la intranquilidad la sigue hasta hoy: ¿cómo y qué más hará el fallido extorsionador con tantos datos como ya tiene de ella?

Un poco para evitar casos como este de extorsión telefónica, el Gobierno mexicano puso en marcha hace meses una ley que pretendía que cada número de línea móvil quedara registrado en una base oficial. A pesar de los llamamientos de las autoridades y de la conciencia de la población sobre el problema que supone no poder rastrear aparatos usados en extorsiones y secuestros, entre otros delitos, cuando venció el plazo más del 25% de los teléfonos no había sido registrado y decenas de miles fueron dados de alta fraudulentamente a nombre de terceros, desde famosos hasta desconocidos.

La gente, opinan los expertos, no confía en el Gobierno. Por eso escatiman una información que, por otra parte, dan sin mayor reparo a instituciones comerciales, que hasta el día de hoy no están obligadas a responder por la información personal de sus clientes. Con un retraso de años frente a otras naciones, la Cámara de Diputados discute en estas semanas por fin emitir una ley de protección de datos personales en posesión de particulares. Pero no hay garantía de que se apruebe este año.

Por eso, noticias como la dada a conocer por El Universal, a pesar de su gravedad, no conmocionan tanto como cabría esperar. Ese diario publicó el lunes que en el popular barrio de Tepito, donde desde siempre se ha vendido mercancía de origen dudoso o ilícito, cualquiera puede comprar por 12.000 dólares un paquete de información compuesto por tres memorias externas de 160 GB (gigabytes) cada una, que incluye bases de datos que van desde el padrón electoral nacional, registros de automotores de uso público y particular y directorios de las fuerzas policiales y de la población carcelaria.

En México no existe el documento nacional de identidad, aunque sí otros que son universalmente aceptados como identificación: la Credencial del Instituto Federal Electoral (IFE) y el pasaporte. La primera sólo la pueden obtener los mayores de 18 años, ya que a esa edad pueden votar. En realidad, la tramitan con anticipación para poder demostrar la edad legal que les permite adquirir alcohol y tabaco. El padrón del IFE lo componen alrededor de 78 millones de personas (aunque se calcula que hoy hay ya 105 millones de mexicanos; este año se realizará el censo que se pone al día cada década). Constituye el listado más actualizado de nombres y domicilios, e incluso cuenta con dos elementos biométricos: huella dactilar y fotografía digitalizada. Aunque el IFE guarda celosamente el listado, al que dedica el 45% de su estructura, cada vez que hay elecciones los partidos políticos reciben una copia del mismo, con lo que los riesgos de alguna fuga de información aumentan.

A partir de mayo, las compañías telefónicas comenzarán a desconectar los teléfonos móviles cuyos propietarios no hayan respetado la ley. Pero en los medios de comunicación ya se han recibido informaciones de que en locales comerciales cercanos al barrio de Tepito ya se ofrecen móviles registrados, para evitar ser rastreado cuando uno quiera extorsionar a cualquier otra tía Inés.