El Congreso aprueba la 'Ley de Internet' con el voto en contra de PSOE, IU y PNV

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado con los votos en contra del PSOE, IU y PNV el proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la información y de Comercio Electrónico (LSSI), que culmina así cuatro meses de tramitación parlamentaria y entrará en vigor antes de octubre, siete meses después del plazo establecido en la directiva comunitaria.

El texto, aprobado por PP, CiU y Coalición Canaria, ya fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 8 de febrero sobre la base de los sucesivos borradores elaborados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Desde finales de febrero ha superado 15 peticiones de devolución, entre enmiendas a la totalidad y propuestas de veto, y más de medio millar de enmiendas.

En su último trámite antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la ratificación de las enmiendas introducidas por el Senado al texto que salió del Congreso el pasado 9 de mayo, los diferentes grupos políticos han mantenido las posturas fijadas hace una semana, cuando el Pleno del Senado ha dado su visto bueno al texto que hoy ha sido finalmente aprobado.

Así, el PSOE, IU y PNV han reiterado sus críticas a lo que entienden que es un intento de Gobierno de controlar los contenidos en Internet, mientras que CiU se ha felicitado por haber logrado incluir en la redacción final del proyecto de ley medio centenar de enmiendas y el PP insistía en las 65.000 opiniones recibidas por el texto.

Retención de datos

Durante su tramitación en la Cámara Alta ya se introdujeron algunas modificaciones al proyecto de ley, la más significativa una enmienda del Grupo Popular que obliga a los proveedores de servicios de Internet (ISP) a retener en el plazo de un año los datos de tráfico de la Red.

Dicha iniciativa, que incluía inicialmente a las autoridades policiales como competentes para acceder a estos datos, fue modificada antes de llegar al Pleno del Senado para limitar la puesta a disposición de esos datos únicamente a las autoridades judiciales, así como la obligación para los ISP de retener los datos "imprescindibles" para identificar el origen de los mismos y el momento en que se inició la prestación del servicio.