Cultura anuncia una medida "antipopular" inminente contra la piratería

El ministro de Cultura, César Antonio Molina, ha anunciado hoy que "no muy tarde" habrá una normativa, "que probablemente sea antipopular", para regular la piratería en Internet una práctica que ha tildado de "ilegítima" durante los Desayunos Informativos de Europa Press y que, en su opinión, afecta a toda la Cultura.

Preguntado por la posibilidad de cegar el acceso a Internet a los ''piratas'' reincidentes, Molina ha señalado que se están "estudiando fórmulas" y que "no muy tarde habrá una normativa que regule" todo este tema. "Probablemente será una normativa que será muy antipopular, pero lo que es antipopular, ruinoso y un desastre es que los miles de puestos de trabajo que da la cultura desaparezcan por esta actuación ilegítima. Eso no se puede permitir", ha enfatizado.

Molina ha subrayado que desde Cultura ya se está luchando y "actuando muy bien" contra la piratería desde "muchos frentes" y que en las reuniones de ministros europeos es un tema "reiterativo", con la elaboración de nuevas leyes y nuevas formas de ordenación, que impidan que la piratería, "una termita que está destruyendo toda esa red de industria, adquiera tonos tan extremos".

Sin dudas sobre la SGAE

"La SGAE es una sociedad legalmente constituida, con unas normas, unos criterios y una forma de actuar. Si hace las cosas bien, las hará bien; si las hace mal, irá a los juzgados, ganará, perderá... Pero está totalmente regulado, es una sociedad que lleva más de un siglo funcionando", ha remarcado Molina cuando se le ha cuestionado sobre las grabaciones realizadas por la sociedad en una boda para demostrar el impago de derechos de autor y por las que ha sido condenada a paar 60.000 euros.

A este respecto, Molina ha apuntado que las entidades de gestión, además de estar fiscalizadas por Cultura, deberían estarlo por las Comunidades Autónomas y ha anunciado que en breve Cultura hará público un informe solicitado al Ministerio de Administraciones Públicas, en el que quedará claro, en principio, que "no hay la más mínima duda sobre su actuación".

"La SGAE tiene que defender los intereses de sus asociados como lo hace cualquier otra empresa de carácter privado. Hace lo que cree que debe hacer. Si se confronta con la Ley, ese será un problema legal y sabe a lo que se expone, a las multas, a los inconvenientes que eso entrañe", ha concluido.