Facua continuará la batalla contra la subida de tarifas de los móviles con más denuncias

“No nos cabe la menor duda de que ha habido una bajada en el número de llamadas desde los móviles”, aseguran en Facua, la asociación de consumidores que más se ha involucrado en la campaña que invita a apagar el móvil como protesta por la subida de tarifas de Vodafone, MoviStar, Orange, Euskaltel y Happy Móvil en su reacción por la prohibición del redondeo, que les obliga a tarificar por segundos.

En el otro lado se encuentran las operadoras, las únicas que realmente tienen información fiable sobre el seguimiento de esta campaña pues son quienes gestionan las redes y conocen los datos reales sobre los vaivenes del tráfico telefónico. “Por ahora no se han registrado incidencias”, dicen fuentes oficiales de Movistar, quienes insisten en que no se podrá hacer una auténtica valoración hasta mañana.

En cualquier caso las asociaciones de consumidores viven esta jornada como un triunfo ya que han conseguido que su mensaje y quejas llegasen a una parte muy importante de la ciudadanía.

Facua está dispuesta a seguir esta batalla contra una subida de tarifas que considera injusta y poco ética. Su siguiente paso es presentar nuevas denuncias ante distintas autoridades e incluso pedir la intervención del Defensor del Pueblo.

Actualmente, las operadoras están siendo investigadas por el Ministerio de Consumo, por considerar abusiva la tarifa de establecimiento de llamada, que con las nuevas tarifas se eleva a los 0,15 céntimos, que según Facua, es de las más elevadas de Europa.

El Ministerio de Industria también estudia la denuncia contra las operadoras por amenazar con imponer una multa de 174 euros a los clientes que se querían dar de baja al conocer las nuevas tarifas y que tuviesen menos de un año y medio de antigüedad en la compañía. Mientras, que el Ministerio de Economía investiga si han pactado la subida del establecimiento de llamadas.

Facua está dispuesta a continuar con el azote legal contra las operadoras. La asociación considera que algunas compañías no han cumplido con la exigencia legal de avisar con un mes de antelación sobre la aplicación de los nuevos precios; y va a pedir la intervención del Defensor del Pueblo, al considerar que las medidas del Gobierno no están ejecutándose en los plazos indicados para proteger los intereses de los ciudadanos.