¿Protección de la cultura o freno tecnológico?

Después de tres meses de negociación, las asociaciones de gestión de derechos de autor y los fabricantes de productos de electrónica no han logrado ponerse de acuerdo sobre qué nuevos dispositivos van a estar gravados con el polémico canon digital que pretende compensar a los autores y productores de contenidos por las copias piratas.

La molesta pelota se ha quedado en el tejado de los Ministerio de Industria y Cultura, que a falta de un acuerdo en el sector, son los responsables de decidir a qué nuevos aparatos se debe aplicar el canon digital y la cantidad que se debe aplicar a cada dispositivo.

Industria y Cultura aún no acercado posiciones y tienen pendiente su primera reunión para la próxima semana. El debate está servido pues existen dos posturas encontradas acerca de un impuesto que provoca todo tipo de enfrentamientos.

Actualmente, el canon digital se aplica a todas las versiones de CDs y DVD suscitando todo tipo de críticas, desde juristas que utilizan gran cantidad de estos discos para grabar sentencias que nada tienen que ver con los derechos de autor a particulares que han reclamado con éxito la devolución de este impuesto a pequeñas tiendas porque los utilizaban para otros fines que no son almacenar canciones o películas.

De hecho, una de las principales críticas que se hace del canon digital es su aplicación indiscriminada, pero también se está discutiendo las cuantías, que el sector tecnológico considerada excesivas. La plataforma Todos Contra el Canon, una iniciativa de las principales asociaciones de fabricantes y usuarios, ha reunido ya más de 900.000 firmas que exigen que se retire este impuesto por considerarlo injusto y una traba para el avance de la sociedad de la información. Esta plataforma ha llevado el caso hasta la Comisión Europea, ante la que presentó una denuncia el pasado 20 de noviembre.

En el otro lado se encuentran los autores, productores, guionistas, artistas y demás agentes de los sectores del cine, la televisión y la música que ven cómo Internet ha traído unos sistemas de distribución muy eficientes que han provocado que la piratería se disparase, dañando con fuerza sus fuentes de ingresos. La SGAE calcula que en 2006 se descargaron en España unos 550 millones de archivos que no pagaron derechos de autor.

El canon digital es para los generadores de contenidos el único sistema de compensar las pérdidas que les producen estas copias ilegales, según defienden las distintas asociaciones. Y su intención, avalada por la nueva Ley de Propiedad Intelectual, pasa por extender este canon a los reproductores de MP3, los dispositivos USB y hasta las conexiones ADSL.

Todo depende de las conclusiones que aborden los Ministerios de Industria y el de Cultura que se encuentran en la encrucijada de tener que proteger la cultura a través de unas medidas muy poco populares, que además encare el acceso a la sociedad de la información, cuyo fomento es otra de las grandes asignaturas pendientes de la economía española.

Durante toda esta semana ELPAIS.com publica, en forma de tribuna, las opiniones de los expertos. Los lectores podrán también, por su parte, participar en este debate abierto.