Todoscontraelcanon deposita sus quejas en Industria pero no es recibida por Clos
La plataforma considera un éxito el haber logrado que su denuncia se haya convertido en un debate público
Todoscontraelcanon, la asociación que representa a 26 organizaciones ciudadanas y profesionales, entregó esta mañana ante las cámaras de televisión y las luces de los fotógrafos en el Registro del Ministerio de Industria su manifiesto en el que expone las razones por las que considera que el canon con el que se quiere gravar distintos dispositivos electrónicos para compensar a los autores y editores por la copia privada es injusto y hasta “anticonstitucional”.
La plataforma no ha sido recibida por el ministro Joan Clos como era su deseo y ha pasado por el registro como un ciudadano más con un documento, que venía avalado por 1.069.000 firmas.
“Hemos logrado trasladar el mensaje a gran parte de la sociedad. El canon ha dejado de ser un tema que preocupa a unos pocos locos de internet y se ha convertido en un tema que preocupa a muchos ciudadanos”, dice Victor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, quien considera un gran éxito el haber conseguido que el debate haya encontrado un gran respaldo ciudadano.
Esta misma mañana, la plataforma Todoscontraelcanon ha conseguido reunir 30.000 nuevas firmas que se han sumado a las ya recogidas y presentadas ante Industria.
“No es un tema de dinero. El problema no es el precio del canon. Es una cuestión de criterio democrático”, resalta Domingo, quien recuerda que la Ley de Propiedad Intelectual, esta impugnada en Bruselas (denuncia 2007/4031), por entender que no sólo infringe la normativa española , sino también la europea.
Entre las medidas que se han solicitado están que se impida un canon indiscriminado en todos los soportes informáticas, que se exima del pago a las administraciones y organizaciones no gubernamentales, que se impida la doble, triple o más imposiciones que se producen al aplicarse el canon en diversos dispositivos que intervienen en una sola copia, y sobre todo, que la recaudación se realice y se distribuya por la propia administración para garantizar la transparencia.
