Una asociación de consumidores denuncia a The Phone House por cobrar las portabilidades
La tienda impone una fianza de 20 euros que no devuelve si el cliente paraliza el cambio de operador
La Unión de Consumidores de España (UCE) ha denunciado a la cadena de distribución y contratación de servicios de telefonía móvil The Phone House por cobrar a sus clientes una tarifa cuando estos inician una portabilidad, es decir, un cambio de operadora manteniendo el número de teléfono.
Según la UCE, The Phone House estaría vulnerando el Real Decreto 2296/2004 al afirmar en su catálogo que "la solicitud de portabilidad lleva asociado un depósito de 20 euros por costes de gestión, que será devuelto al cliente una vez activada la portabilidad satisfactoriamente. En caso de no realizarse la portabilidad no se reembolsarán los 20 euros".
De esta información deduce la asociación que The Phone House "sanciona" al consumidor simplemente por el hecho de solicitar un cambio de operador aunque la portabilidad deba ser un procedimiento gratuito para el abonado, puesto que de otro modo supondría un atentado contra la libertad de elección de los usuarios y contra la libertad de mercado. La UCE entiende que con esta medida se intenta coartar la capacidad del consumidor a la hora de elegir la compañía de telefonía que más le convenga y mejor oferta le realice.
Cancelar la portabilidad
El problema surge porque, tal y como recuerdan los consumidores, se puede decidir cancelar la portabilidad, por ejemplo, ante una oferta de la compañía originaria, que puede intentar retener al cliente con una oferta.
El operador donante tiene que hacer llegar la documentación al operador receptor en un plazo máximo de 15 días y éste último debe hacer efectiva la portabilidad en un plazo máximo de 4 días hábiles desde la recepción de la solicitud. Para que el operador original sepa si está a tiempo de retener o no a un cliente debe consultar con la tienda que está gestionándolo, ya que el documento que firma el comprador es el que inicia todo el procedimiento y marca los tiempos.
La UCE ha puesto los hechos en conocimiento de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y de la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, región en la que radica la dirección social de la empresa denunciada.
