Los empresarios se oponen a que la SGAE pueda cerrar páginas web

El presidente de AETIC acusa a la asociación de autores de "victimista" y de querer actuar "por la tremenda"

La Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC), la patronal del sector de las telecomunicaciones que representa a cerca de 1.000 asociados, no quiere que la Sociedad General de Autores Españoles (SGAE) pueda intervenir y cerrar páginas web bajo el pretexto de defender los derechos de autor y propiedad intelectual que gestiona.

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El presidente de AETIC, Jesús Banegas, ha afirmado en rueda de prensa que "la legislación española vigente en materia de derechos de autor garantiza un alto grado de protección para los contenidos 'on line' y está a la altura de las medidas más protectoras de alcance mundial". "Nadie está más interesado que nosotros en la protección de la propiedad intelectual, pero en ningún caso podemos admitir que se cuestione el principio de seguridad jurídica, cuya vigencia es fundamental para un óptimo desarrollo de nuestra sociedad", ha advertido.

Banegas ha acusado a la SGAE de "victimista" y de "querer actuar a la tremenda", al igual que lo hizo en el caso del canon digital. "Los tribunales deben ser los únicos garantes del respeto a los derechos de todas las partes. Cualquier mayor protección a los derechos de autor sólo se puede alcanzar a costa de rebajar el grado de seguridad jurídico", ha argumentado.

Desde AETIC señalan, además, que los propietarios de los derechos de autor no han utilizado todas las herramientas legales que les han facilitado las reformas introducidas recientemente en la legislación especial sobre propiedad intelectual, como consecuencia de la incorporación de las últimas directivas europeas.

Entre estas medidas, la patronal destaca "las acciones civiles o medidas cautelares contra los proveedores de servicios de Internet o las diligencias preliminares de protección de datos para la identificación de infractores".

La SGAE pretende introducir, a través de alguna formación política, una enmienda a la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información, actualmente en trámite parlamentario, que le permita intervenir las páginas web que vulneren los derechos de autor.

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