Sigue la polémica en torno a la nueva Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI). Primero fue por las potestades para cerrar páginas web. Y ahora viene a propósito de la necesidad de un Internet de calidad para todos. La práctica totalidad de los grupos parlamentarios estaba de acuerdo en incluir el acceso a Internet por banda ancha como parte del servicio universal al que tienen derecho todos los ciudadanos.

El PSOE, recogiendo aparentemente esa voluntad, ha presentado a última hora una enmienda transaccional en la que recoge el derecho a la banda ancha “pero en los términos y calidades definidos por la normativa comunitaria para el servicio universal”.

El problema es que la normativa europea en vigor a la que se refiere la enmienda –directiva 2002/22/CE- no especifica qué entiende por banda ancha, y deja en manos de los Estados su definición y regulación. De esta forma, en la práctica, la enmienda socialista, que se discutirá mañana en el Parlamento, desactiva cualquier obligación del Estado de proporcionar banda ancha con garantías mínimas de velocidad y calidad.

La directiva comunitaria de 7 de marzo de 2002 dice que la velocidad de transmisión de datos depende tanto de las capacidades del equipo terminal del abonado como de la conexión. “Por esta razón no procede imponer una velocidad específica, ya sea binaria o de transmisión de datos a escala comunitaria”, añade la directiva.

El grupo socialista se ha agarrado a esta directiva para incluir una obligatoriedad genérica ya que su enmienda dice literalmente: “La conexión debe ofrecer al usuario final la posibilidad de efectuar y recibir llamadas telefónicas y permitir comunicaciones de fax y datos en banda ancha, en los términos y calidades definidos por la normativa comunitaria para el servicio universal”.

Los grupos parlamentarios de IU-ICV, CHA, Grupo Mixto, CiU, PNV y PP presentaron enmiendas en la línea de considerar el acceso a Internet por banda ancha dentro del servicio universal. El PSOE pactó con todos ellos para presentar un texto de consenso excepto con el PP.

Se estima que en torno a seis millones de internautas aún acceden a la red por banda estrecha, es decir, gratuitamente por la línea telefónica normal y un módem, con lo que la velocidad que consiguen apenas alcanza los 56 kilobits por segundo, cuando la banda ancha precisa de velocidades mínimas de 256 kbps, aunque la oferta más generalizada es la de 1 Mbps. Más de 7,5 millones de internautas están abonado a una oferta de banda ancha, bien a través de ADSL o de cable.

Las críticas de las asociaciones de internautas no se han hecho esperar. Para la Asociación de Internautas (AI) el “Gobierno y el Grupo Socialista, que se han visto obligados a aceptar que se declare el acceso a Internet por banda ancha como servicio universal, quieren engañar a los ciudadanos con una redacción que, en realidad no es sino una tomadura de pelo, pues la normativa comunitaria para el servicio universal, al definir los términos y calidades en que éste debe prestarse, no dice nada de la banda ancha”

Y pese a los esfuerzos del Gobierno por extender el acceso a Internet mediante planes como el Plan Avanza, en torno a cuatro millones de ciudadanos no tiene posibilidades técnicas de acceder a la Red por banda ancha.