La policía tecnológica se reunirá en el próximo SIMO

La Business Software Alliance (BSA), la asociación de empresas de software que combate la piratería, ha organizado el primer Congreso Nacional de Policías Tecnológicas que tendrá lugar el próximo 7 de noviembre en el marco de la feria tecnológica SIMO.

El objetivo de este congreso es que las distintas fuerzas de seguridad tengan un lugar de encuentro donde compartir experiencias y obtener una información de valor "en la lucha contra los delitos informáticos y la protección de la propiedad intelectual en el sentido más amplio, desde el software hasta el cine o la música", ha explicado Luis Frutos, presidente del comité español de la BSA.

Se prevé que acudan unos 100 profesionales pertenecientes a la Policía, Guardia Civil, Mossos de Escuadra y Ertzaintza, además de contar con representantes de organismos internacional como INTERPOL o Europol. La idea es que acudan profesionales de los ambitos locales, autonómicos y estatales, pues como bien ha recordado, Jorge Zurita, representante de la Secretaría de Estado de Seguridad del ministerio del Interior, "los delitos informáticos se combaten desde cualquier comisaría o dependencia de la Guardia Civil, no sólo a través de los cuerpos especiales".

El Ministerio de Cultura y el de Interior también van a participar y a apoyar la celebración de este congreso, que es una iniciativa surgida del capítulo español de la BSA y que es la primera de estas características que se celebra en Europa. "Los organismos internacionales han recibido nuestra invitación con gran entusiasmo", ha comentado Frutos.

Todos los organizadores de este congreso han resaltado la importancia de este tipo de iniciativa para frenar la piratería en todos los frentes, que en España ha alcanzado uno de los mayores niveles de toda Europa. El último estudio de IDC, patrocinado por la BSA, apunta que el índice de uso de software ilegal se situaba en el 46% en 2006, diez puntos por encima de la media europea. Esta cifra significa un negocio equivalente a 689 millones de euros que se ha dejado de generar y ha impedido la creación de entre 4.000 y 6.000 empleos, según la BSA.