Los 267.000 parados de la región, sin programas de acceso al empleo

Las subvenciones para los centros de intermediación laboral del Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) están paralizadas desde el pasado febrero. El dinero lo aporta el Fondo Social Europeo y llega a la Consejería de Empleo y Mujer, vía Ministerio de Trabajo.

Para los distintos proyectos, el montante asciende a 513 millones de euros y abarcaría hasta 2013. Este año la inversión prevista es de 35,5 millones. Estos centros se ocupan de adecuar los currículos de los desempleados y de ponerlos en contacto con empresas interesadas en su perfil.

Cerca de 50 asociaciones y ayuntamientos se han quedado sin un euro hasta este mes de julio para sostener sus programas de inserción en el empleo. Pilar Ortiz de Urbina, que atiende a 300 inmigrantes en la Asociación Centro de Solidaridad, integrante del programa puesto en marcha por el Gobierno regional en 2006, lo confirma: "Llamo todos los días para preguntar cuando se sabrá algo, y me dicen que esté atenta a Internet".

En Madrid hay, en este momento, 266.936 personas apuntadas al paro. En junio, el incremento en las listas fue de 4.276.

Los centros asociados se renuevan anualmente mediante concurso público. Un proceso que comenzó con la publicación de las bases en el BOCAM el 20 de febrero pasado (ya con retraso). Las adjudicatarias contaban con haberlo sabido en torno al mes de mayo, aunque el procedimiento admite que la resolución sea hasta el 8 de agosto. "Tenemos mucha incertidumbre, pero nosotros hemos mantenido el servicio porque no podemos dejar colgada a la gente", aseguran.

No ha sido así en todos los casos. Una asociación de ayuda a discapacitados que prefiere que no figuren sus siglas por miedo a represalias de la consejería ha reducido su plantilla de cuatro a una sola persona encargada de la inmersión laboral. "Eso también significa que hay cientos de usuarios a los que no se ha podido ayudar y un montón de empresas, como Pascual o Traxa, que no han podido usar nuestros servicios", comenta una de las trabajadoras despedidas.

En otros casos, como la Asociación de Vecinos de Madrid Sur, directamente, han clausurado los cursillos y la intermediación laboral, según desliza uno de sus miembros. No hay dinero para sostenerlos. "Lo hemos cancelado por el retraso en la ayuda", justifica. Se paga por contrato firmado a los trabajadores y sólo a partir de los 80 formalizados. Los ayuntamientos sí mantenían los programas, pero costeados por sus arcas municipales.

"Lo peor es que las asociaciones cobran por contrato firmado y sólo a partir de los seis primeros meses del programa", insiste una de las damnificadas. En este caso no verán ni un euro hasta, al menos, marzo de 2009. "Y eso si dan algo, porque al final pueden denegar la subvención", agrega. Una circunstancia que ha hecho que estas organizaciones actúen a ciegas, sin saber si podrán recuperar su inversión.

Los afectados pertenecen a tres categorías diferentes. Los CAIL (Centros de Ayuda a la Inserción en el Empleo), los POPI (Programas de Orientación a la Inserción Laboral de Inmigrantes) y los OPEA (Orientación Profesional para el Empleo y el Autoempleo). Aunque estos últimos vieron desatascada su situación el pasado 5 de julio, el resto sigue sin saber su futuro.

"Todo está congelado y a estas alturas no creo que la cosa se ponga en marcha hasta septiembre", insiste Ortiz de Urbina, que describe una de las consecuencias del parón: "Los demás centros están todos cerrando o disminuyendo sus servicios y eso hace que el grueso de los inmigrantes acaben en nuestro programa". Doble dificultad: menos recursos y "más clientela".

Desde la Consejería de Empleo y Mujer, se justifica el retraso apelando a la complejidad del proceso y advirtiendo de que "todo está en plazo legal". Según un portavoz, las subvenciones están en fase de "fiscalización", pero la publicación "es inminente".