Aguirre elimina el control público de centros concertados

En los consejos escolares -el principal órgano de gobierno- de los colegios debe haber un representante municipal. Tanto en los públicos como en los privados concertados. Lo dice la ley. Pero el Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) ha eliminado el control externo que ejercen los miembros de los ayuntamientos en los centros concertados de la región. Una quinta parte de los 2.688 colegios e institutos (499) son concertados, según datos del Ministerio de Educación del curso 2005-2006, los últimos disponibles.

"No quieren vigilancia externa porque hacen trampas", critica IU

Los consejos escolares de ese medio millar de centros privados concertados deberían estar formados, según la Ley Orgánica de Educación (LOE) por el director, tres representantes del titular del centro, cuatro profesores, cuatro padres, dos alumnos, un portavoz del personal de administración y un concejal o representante del Ayuntamiento donde esté ubicado el colegio o instituto. Se reúnen, como mínimo, tres veces al año. Sus funciones son ayudar en la elaboración del proyecto educativo, decidir sobre la admisión o rechazo de alumnos, aprobar el presupuesto y cómo se gasta el dinero que recibe el centro o proponer medidas que ayuden a la convivencia en el aula.

El representante municipal se elige por distritos en función del porcentaje de votos que haya obtenido cada partido. Mientras que en los colegios públicos hay otras figuras de control externo, puesto que los propios profesores son funcionarios, en los privados concertados el representante municipal es el único portavoz público.

Pero a la consejería le sobra esa figura. Una carta de la Dirección General de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Madrid del 3 de abril pospone "la incorporación de los representantes municipales" a los centros concertados mientras no se reciban nuevas instrucciones de la Consejería de Educación. El argumento para paralizar su elección es que la aplicación de la LOE en los consejos escolares requiere de una normativa específica que el Gobierno central aún no ha hecho. Un portavoz de la consejería mantuvo la misma versión a preguntas de este periódico.

El Ministerio de Educación sostiene lo contrario: no es necesario ningún reglamento específico. La LOE es bastante clara: en los consejos escolares debe haber presencia municipal. Y advierten al Gobierno regional de Aguirre de que "incumple una ley aprobada por el Parlamento español".

Para la oposición y los representantes de los padres de alumnos, la interpretación que hace el Gobierno regional de la LOE esconde motivos "torticeros". "Los colegios concertados se han resistido siempre al control exterior porque hacen trampas", considera Eulalia Vaquero, diputada de IU de la Asamblea de Madrid. La diputada subraya que en el caso de los centros privados con fondos públicos es la única figura "que entra y controla desde la calle, el único ajeno al centro".

"Su función principal es vigilar los fondos públicos que recibe cada centro", añade Juan Luis Pazos, presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos, que representa al 80% de asociaciones de la región.