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Aguirre paraliza una obra que iba a hacer una empresa del 'caso Gürtel'

Transportes arguye razones técnicas para suspender la ampliación de la M-509

Soledad Alcaide

La duplicación de la carretera M-509 entre la M-50 y Villanueva del Pardillo, una obra demandada por los vecinos de la zona desde hace un lustro, sufre ahora un nuevo retraso. La Consejería de Transportes e Infraestructuras ha renunciado al contrato de obras, justo antes de la adjudicación provisional y una vez decidida la concesionaria, según el documento enviado el pasado 14 de mayo a las empresas que acudieron al concurso.

La oferta más "ventajosa", según el documento, era la de la UTE formada por Acciona y Constructora Hispánica, una empresa vinculada con el caso Gürtel. Según el Registro Mercantil, su presidente es Alfonso García Pozuelo, uno de los empresarios imputados junto a Francisco Correa en la trama. El juez le adjudica seis delitos: cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad.

"Temían ser pillados con las manos en la masa", dice el diputado Nolla

Sin embargo, la consejería alega razones técnicas para la renuncia al contrato con Constructora Hispánica, según figura en el documento. El diputado socialista Modesto Nolla, que preguntará al consejero de Transportes por este contrato en el pleno de mañana en la Asamblea de Madrid, encuentra motivos políticos. "Están utilizando argumentos técnicos que no son más que pretextos para anular la convocatoria", afirma Nolla. "Al hacerse pública la relación de esta empresa con el caso Gürtel y con el PP, en la consejería han tenido miedo de ser pillados con las manos en la masa".

Un portavoz de Transportes negó la vinculación del abandono del contrato con el caso Gürtel: "No tiene nada que ver". Agregó que el proyecto sigue adelante y que no se ha paralizado el expediente de expropiación de suelo. "La obra estará finalizada antes del final de la legislatura, cuando estaba previsto", aseguró. También explicó que existe un informe de la Dirección General de Carreteras que detectó un "problema de movilidad" en una rotonda, que impedía que el desdoblamiento de la M-509 absorbiera el tráfico en el enlace con la M-50.

Preguntado por la razón de que no se hubieran solucionado las dificultades técnicas con una ampliación del contrato de obras -lo que se denomina un "modificado", que permite subsanar errores-, el mismo portavoz argumentó que así se permite "al resto de empresas presentar un proyecto nuevo".

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El problema es que abrir un nuevo concurso supone que la Comunidad de Madrid tendrá que indemnizar a las 21 empresas que se presentaron al concurso. El portavoz de la consejería lo negó, pero así consta en el documento remitido a las compañías: "Este órgano de contratación resuelve: (...) Compensar a los licitadores por los gastos en que hubieran incurrido en la forma prevista en el pliego de cláusulas administrativas que rige el procedimiento". Nolla calcula que cada empresa habrá gastado entre 3.000 y 6.000 euros. Supone que, como mínimo, la consejería tendrá que desembolsar 63.000 euros por renunciar al contrato, y Constructora Hispánica recibirá su parte. "Al final los perjudicados son los vecinos, que van a tener que sufrir algún tiempo más los atascos", zanjó el diputado.

Constructora Hispánica tiene además otra vinculación con la consejería, según denuncia Nolla. El empresario que la preside, Alfonso García Pozuelo, es el suegro de un antiguo técnico de la Dirección General de Carreteras, José Antonio Plaza Rivero. Éste es vocal vecino del PP en el distrito de Salamanca y fue candidato en las pasadas elecciones municipales en la lista popular (en puesto de suplencia) en la lista de Serranillos del Valle.

Plaza Rivero llegó a la jefatura del área de Construcción de Carreteras en septiembre, junto al nuevo director general de Carreteras, Borja Carabantes. Ejerció el puesto con un nombramiento provisional, hasta que el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó que el puesto era suyo el pasado 10 de junio.

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Sobre la firma

Soledad Alcaide
Defensora del Lector. Antes fue jefa de sección de Reportajes y Madrid (2021-2022), de Redes Sociales y Newsletters (2018-2021) y subdirectora de la Escuela de Periodismo UAM-EL PAÍS (2014-2018). Es licenciada en Derecho por la UAM y tiene un máster de Periodismo UAM-EL PAÍS y otro de Transformación Digital de ISDI Digital Talent. 

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