Aguirre quiere una "isla" legal para el Las Vegas madrileño

Botella, más prudente, supedita su apoyo al respaldo de Rajoy

Madrid - 24 ene 2012 - 07:00CET

La presidenta regional, Esperanza Aguirre (PP), redobló ayer su apuesta por "cambiar todas las normas que haya que cambiar" para poder construir en la región (en Madrid o en Alcorcón) un gran complejo de casinos impulsado por el multimillonario estadounidense Sheldon Adelson. Tras poner como ejemplo las concesiones que permitieron convertir la zona de muelles (docklands) del río Támesis en una isla legislativa en el corazón de Londres, Aguirre bosquejó las que, a su juicio, son sus únicas líneas rojas: "No vamos a vulnerar ni uno solo de nuestros principios y valores".

Aguirre y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), mantuvieron ayer durante una hora su primera reunión oficial para tratar "algunos" de los "muchísimos temas" en los que pueden colaborar. Ambas se esforzaron por demostrar su buena sintonía tras los continuos rifirrafes políticos y personales de la presidenta y el anterior regidor, Alberto Ruiz-Gallardón (PP).

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Aguirre destacó en especial su apuesta por el complejo de casinos: "He querido plantear la necesidad de impulsar, entre todas las Administraciones [estatal, regional y municipal], esa gran inversión que va a hacerse en la Comunidad (...) para convertirse en el centro de congresos del sur de Europa".

Las Vegas Sands, esa "gran empresa norteamericana dispuesta a invertir", ha presentado un proyecto que prevé aportar de 15.000 a 18.800 millones de euros desde ya mismo hasta 2022, y que, según sus cálculos, permitiría crear 164.000 empleos directos y 97.000 indirectos. Su plan es levantar en un decenio 12 resorts (36.000 habitaciones), seis casinos (1.065 mesas y 18.000 máquinas recreativas), nueve teatros, hasta tres campos de golf, un escenario de 15.000 butacas...

Desde el pasado verano, la empresa se ha reunido una decena de veces con representantes del anterior Gobierno central (PSOE), la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital (regido entonces por Gallardón). Frente al empuje decidido de Aguirre y del entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, Gallardón optó por un prudente segundo plano. Esa postura ha adoptado también Botella, que supeditó su respaldo al "acuerdo político de las tres Administraciones". Es decir, al apoyo de Rajoy. Eso sí, añadió: "Pensar en esos 200.000 puestos de trabajo sin duda debe invitar a todos a movernos".

Y es que el plan estadounidense precisa de una serie de cambios normativos, inversiones públicas y ventajas fiscales extraordinarias. Aguirre admitió ayer: "Requiere de modificaciones legislativas que las tres Administraciones tenemos que hacer y que queremos impulsar con el nuevo Gobierno para que se pueda materializar cuanto antes". Los contactos con el Ejecutivo central, dijo, "no se han retomado hasta hace muy poco", ahora con el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz (PP). Aguirre trazó un paralelismo entre el proyecto y el proceso de revitalización de los muelles del Támesis, que se convirtieron en "una isla que no estaba sometida al planteamiento" del resto de la ciudad. "No quiere decir que eso vaya a ocurrir, pero daremos facilidades

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para que digan dónde tiene que haber una avenida, y vamos a cambiar toda la normativa que haya que cambiar", añadió.

Aguirre detalló también sus líneas rojas: "No vamos a vulnerar ni uno solo de nuestros principios y valores: respeto a la ley, garantía del cumplimiento de contratos, y no vulnerar el respeto a las personas y los principios constitucionales de igualdad, justicia y pluralismo político".

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, con la alcaldesa de la capital, Ana Botella.GORKA LEJARCEGI

El segundo paquete de transferencias, este año

Primero fue el metro, que el Ayuntamiento dejó en manos de la Comunidad en un tiempo récord, apenas tres meses, merced a las necesidades económicas del uno y la inagotable ambición de la otra. Ahora, sobre la mesa están los servicios de emergencia, las residencias, los centros de mayores y Madrid Salud.

Ambas Administraciones quieren que estos servicios los ofrezca solo una de ellas, evitando duplicidades. Y han acordado el siguiente reparto: el Ayuntamiento mantendrá sus 92 centros de mayores (la Comunidad tiene 17) y cederá sus tres residencias. El Samur municipal actuará también en las viviendas de la capital, además de en las calles, asumiendo así el papel que hasta ahora tenía el Summa regional (que operará en ambos ámbitos en el resto de la región).

Por último, la red de 16 centros de Madrid Salud, el centro de salud bucodental, el centro internacional (vacunaciones) y el centro de diagnóstico pasarán a manos de la Comunidad, junto con cerca de 800 funcionarios que prestan servicio allí (médicos, psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales, etc.). También se transferirá la red municipal de atención a drogodependientes (siete centros públicos y cuatro concertados) y 100 trabajadores.

Este último traspaso ha provocado protestas entre los funcionarios y la oposición, que temen un cambio de modelo en el tratamiento a drogodependientes y recortes de personal y presupuesto. Ayer, Aguirre y Botella se comprometieron a que la Administración que reciba una nueva competencia, también obtendrá dotación presupuestaria para mantenerla. Esta transfusión de fondos por un tiempo variable (varios años, incluso) permitirá cuadrar económicamente el traspaso de este paquete, que se realizará previsiblemente este año.

Para una siguiente fase quedan los centros de día (113 municipales y 30 autonómicos), las escuelas infantiles (las 56 municipales, solo dos de gestión directa, con 40 funcionarios, pasarán a la Comunidad, que tiene 62, con 700 funcionarios) y las bibliotecas (los 16 centros regionales, con 444 funcionarios, pasarán al Ayuntamiento, que tiene 29, con 450 funcionarios), entre otros.

Lo que pide Adelson

- Cambiar el Estatuto de los Trabajadores para relajar "los convenios" y la Ley de Extranjería para dar "un trato preferente" a sus empleados.

- Dos años de exención en las cuotas a la Seguridad Social y todos los impuestos estatales, regionales y municipales.

- Que el Estado garantice un préstamo de 25 millones de euros que solicitaría la UE.

- Nuevas infraestructuras (metro, cercanías, carreteras), y el traslado del vertedero de Valdemingómez y del asentamiento de la Cañada Real.

- Que se le ceda todo el suelo público en la zona, reubicando las viviendas protegidas y expropiando el suelo privado.

- Cambiar la ley antiblanqueo de capitales e instaurar un sistema de intermediarios que en los casinos de la empresa en Macao parece haber caído en manos de la mafia china.