Aguirre usa cámaras falsas para vigilar un parque público

Quién no conoce a un vecino que una vez colgó carteles en la fachada de su casa del calibre de: "Cuidado, perro peligroso" o "Casa videovigilada". Y luego, el susodicho en cuestión, ni tenía cámaras ni perro capaz de arrastrar su menudo cuerpo más allá de la puerta de casa para traer la pelota de goma. Pues esa sofisticada técnica de autoprotección es la que utiliza la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, para ahuyentar a los maleantes del parque de uso público de Chamberí donde instaló un campo de pitch and putt después de declarar la zona de interés general.

La mayoría de las cámaras que ha instalado son falsas. Y el resto no tiene autorización de la Comisión de Videovigilancia. Los vecinos piden que sean retiradas.

El parque de Santander, donde están situados algunos depósitos de agua del Canal de Isabel II y que pertenece a dicha institución pública, es un recinto privado de uso público. Aunque está vallado, está abierto durante todo el día sujeto a unos horarios. Igual que, por ejemplo, el Retiro.

Por ahí transitan miles de madrileños cada día. Toman el sol, se besan y montan en bici. Y estos instantes de sus vidas quedan registrados por las 23 cámaras que hay distribuidas por todo el parque. O no.

Más de la mitad de las cámaras (12), admite el Canal de Isabel II, son falsas. "Son disuasorias. Mucha gente las utiliza para que no entren a robar en sus casas", explica una portavoz del Canal. Además, la Delegación del Gobierno dice que la Comunidad no ha pedido permiso para instalarlas (es ineludible para grabar en una vía pública). Pero el Canal responde que sólo necesita el de la Dirección General de la Policía. Según el ente público, está justificada su instalación porque protegen al depósito de agua bajo el parque "y que da de beber a 1,5 millones de madrileños".

La Agencia de Protección de Datos regional responde que no pueden actuar de oficio y que tras las denuncias que surjan, investigará. "Tiene que estar justificado por motivos de peligrosidad. En una calle del centro, por ejemplo la Gran Vía, debido al índice de delitos, puede autorizarse", explica Antonio Troncoso, director de la agencia. El ejemplo de la Gran Vía, donde el Ayuntamiento ha instalado cámaras, ha tenido que ser aprobado por la Comisión de Videovigilancia."Entiendo que si es para seguridad del Canal de Isabel II, sólo se puede grabar las entradas al depósito. La ley exige que haya proporcionalidad en el medio. No tiene sentido que se enfoque a la gente. Si se quiere seguridad en el parque, debería pasarse por la Comisión de Videovigilancia", apunta Alonso Hurtado, abogado especializado en protección de datos y nuevas tecnologías del bufete X-Novo.

"Es un recinto que consideramos que tiene un uso distinto al que se había prometido. Esas cámaras, además, acentúan un carácter privado del sitio. Y las cámaras pueden violar el derecho a la intimidad", critica Diego Cruz, secretario de la Asociación de Vecinos El Organillo.

"Está vulnerando un derecho fundamental como es de la intimidad. El que alguien pueda pasear sin que se registren sus datos. Yo no sé qué hacen con esos datos y por qué no se ha pedido permiso a la comisión. Además, en ese parque no hay precedentes de inseguridad y es de uso público", dice la concejal socialista, Carmen Sánchez Carazo, que la pasada semana denunció la situación.

La superficie del parque abarca 9,2 hectáreas. De ellas el campo de golf de nueve hoyos pitch and putt ocupa 4,4 hectáreas, el 48% del total.

En distintos puntos del parque se han colgado una veintena de carteles advirtiendo de las cámaras: "Zona vigilada. Ley Orgánica de Protección de Datos. Puede ejecutar sus derechos ante Green Canal Golf", rezan.