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LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL DEL 'CASO GÜRTEL'

"Alberto se llevaba una pasta"

Correa señala al ex consejero López Viejo como el principal enlace de la red con la Comunidad - El aún diputado regional recibió supuestamente 286.000 euros

"De cada acto que hacíamos de la Comunidad de Madrid se llevaba una pasta Alberto". La afirmación es del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y se refiere a Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes y diputado popular en la Asamblea de Madrid, que fue destituido de su cargo el pasado 9 de febrero por su vinculación con la red de corrupción. La frase forma parte de una conversación entre Correa, su socio Pablo Crespo y el ex concejal de Majadahonda José Luis Peñas, transcrita por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía y que figura en el sumario del caso, desvelado ayer parcialmente.

El ex consejero López Viejo se ocupaba hasta su destitución de los actos públicos de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y también de los actos regionales del PP. Y, según la conversación recogida por la policía, eso le habría reportado beneficios:

"Para un acto de 30.000 había que hacer cuatro facturas", dice Crespo

Correa. Todos los actos son chorizadas, todos.

Peñas. En todos se llevaba el Albertito.

Correa. Todos durante dos años.

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De hecho, en un dispositivo de memoria intervenido al contable de la trama, José Luis Izquierdo, y que también recoge el sumario, figuran diversas cantidades que recibió supuestamente el ex consejero: 286.000 euros entre el 24 de noviembre de 2004 y el 16 de febrero de 2007. Las mismas cuentas indican que aún estaban pendientes de pago otros 240.000 euros. Lo confirma también Felisa Jordán, administradora de Easy Concept, que declaró ante el juez que Alberto López Viejo y Alfonso Bosch, otro imputado, recibieron "cantidades". "Sé que a Bosch eran pequeñas y a López Viejo eran más grandes", dice.

Pero Correa llega a decir que no quería continuar. "Yo le he dicho a Pablo que yo me quiero salir de la Comunidad. (...) López Viejo nos debe un millón de euros, de actos con la Comunidad".A lo largo de la conversación grabada por la policía los tres interlocutores resumen cómo funcionaba la contratación de las empresas de la trama Gürtel por las consejerías del Gobierno regional, obligadas por el ex consejero López Viejo a trocear los contratos, para evitar la convocatoria de un concurso público. De esta forma, podían asignar a dedo los contratos de cuantía menor a los 12.000 euros a las empresas de Correa. Según esta conversación, era el propio López Viejo el que dirigía toda la operación.

José Luis Peñas. ¿De quién depende todo esto? ¿de Alberto [López Viejo]?.

Pablo Crespo. No, depende de muchas consejerías, pero el organizador de todo es Alberto. (...) Alberto López Viejo, como viceconsejero de presidencia, era el muñidor de toda la operativa. Él decía: "Ahora es un acto de Sanidad, que cuesta 80.000 euros y facturáis 11.900 IVA incluido, a fulanito a través de una empresa, otros 11.900 y pico".

Peñas. Sí, que no pasaran de 12.000.

Crespo. Exactamente. Todo esto está pendiente. Ahora....

Peñas. Eso se dividía en cuatro facturas.

Crespo. O en cinco o en seis, o en tres. Se hacía un fraccionamiento; que se hacía, a lo mejor, yo qué sé, por darte un dato, a lo mejor siete veces al mes.

Peñas. Claro, un acto de 100.000 euros....

Crespo. Actos de 100.000 euros había pocos, pero actos de 20.000 o 30.000 había muchos. Y para un acto de 30.000 había que hacer cuatro facturas, que la señora ésta [la presidenta regional, Esperanza Aguirre] estaba todo el día en hospitales, en metros.

Pese a que la presidenta regional obligó a López Viejo a dimitir de su cargo como consejero, éste mantiene -al igual que Alfonso Bosch y Benjamín Martín, los otros dos imputados en el caso- su escaño en la Asamblea de Madrid. En las últimas semanas, tanto Aguirre como los dirigentes populares han afirmado que esperarían al levantamiento del sumario para comprobar si las acusaciones reveladas por la prensa eran ciertas, antes de tomar otras medidas.

Fuentes del PP explican que el partido no puede exigir a los tres imputados que devuelvan su acta de diputado, pero sí tratarían, en caso de que se confirmen las acusaciones, de "sugerirles" que lo hagan. Hasta la fecha, insisten las mismas fuentes, ninguno de ellos se ha mostrado "beligerante" ante las decisiones del partido, como la de la suspensión de militancia.

En caso de que los tres decidan mantener el escaño, el grupo del PP en la Asamblea podría apartar a los tres imputados. En este caso, quedarían como diputados no adscritos. Desde el tamayazo, en 2003, se eliminó la posibilidad de que formen grupo mixto.

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