Anticorrupción ve indicios de delito en el urbanismo de Tres Cantos

Los vecinos del municipio madrileño de Tres Cantos (40.600 habitantes) han sido testigos de varios escándalos políticos en los últimos años. Dimisiones, acusaciones cruzadas, grabaciones en las que se insinúan corrupciones... Una ensalada de desaguisados políticos. Por eso, probablemente, no se sorprenderán cuando sepan que la Fiscalía Anticorrupción ha denunciado a varias personas que ocuparon cargos en el Ayuntamiento tricantino entre 2003 y 2007. Entre ellos, la ex alcaldesa María del Valle de la Poza, el ex concejal de Obras Alberto Martínez Díaz y el ex jefe de Gabinete municipal Juan Carlos Delgado Quevedo. La fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, que investiga el caso, también ha señalado a siete empresas salpicadas por supuestos delitos de cohecho en la tramitación del plan general del municipio.

"Hubo una persecución política. Estoy harta", cuenta la ex alcaldesa

El Ayuntamiento dice que el asunto afecta al equipo de gobierno anterior

El fiscal presentó en julio de 2008 la denuncia ante la Audiencia Provincial, que la traspasó al Juzgado de Instrucción número 5 de Colmenar Viejo. Un juez se ha hecho cargo del caso. Tras casi dos años de investigaciones, la fiscalía considera que los hechos que condujeron a la aprobación del plan, entre 2003 y 2006, "podrían ser constitutivos de delitos continuados de cohecho, falsedad documental, fraudes de funcionarios, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales". La decisión del fiscal se produce a raíz de sendas denuncias presentadas por el PSOE local en 2006.

Tanto María del Valle de la Poza como Alberto Martínez Díaz pertenecían al partido independiente Tres Cantos Unido (TCU), del que fueron expulsados en marzo de 2007, tras una guerra política que acabó con la desintegración del partido. Juan Carlos Delgado, también denunciado, era la mano derecha de la alcaldesa.

El relato comienza el 7 de mayo de 2003, cuando el Gobierno regional da el visto bueno al nuevo plan urbanístico, que contemplaba inicialmente 4.500 nuevas viviendas. El Ayuntamiento, gobernado por una coalición formada por el PP y TCU, decide contratar a una empresa privada para gestionar el futuro urbanismo del municipio, es decir, llevar a cabo las expropiaciones y la adquisición de terrenos donde iba a crecer la ciudad. Y ahí se oscurece el asunto. Unos días antes de la adjudicación del concurso de gestión del plan urbanístico a la constructora FCC, en octubre de 2004, el edil popular Antonio Reino presenta su dimisión. Se marcha revelando sospechas de corrupción. En unas conversaciones grabadas a este concejal y publicadas por EL PAÍS se le escucha diciendo: "Lo que sospecho es que en esto tiene que estar [Ricardo] Romero de Tejada [ex secretario general del PP regional]. (...) Huele que da pena; todo el mundo se va a forrar y yo no". Reino reconoció posteriormente que estas palabras fueron fruto de un calentón y restó importancia a sus afirmaciones. Desde entonces la sospecha ha marcado el plan urbano de Tres Cantos. Un portavoz de FCC rechaza comentar la situación: "Recurrimos la sentencia que anula el convenio urbanístico". Sobre lo demás no hay comentarios.

La sentencia a la que se refiere este portavoz es la que invalida el acuerdo entre el Ayuntamiento y FCC para gestionar el plan urbanístico. Un juez anuló hace dos semanas el contrato porque no se fijó el precio que la concesionaria tenía que pagar al Consistorio para ordenar la urbanización de 389 hectáreas junto a la carretera de Colmenar (M-607)."La alcaldesa participó en la votación de cuestiones relevantes del planeamiento de Tres Cantos", según el escrito de la fiscalía. "De dichas decisiones destaca la relativa a la monetización de los aprovechamientos urbanísticos", un concepto casi ininteligible que consiste en la valoración económica de los terrenos que se ceden al municipio.

Entre las obligaciones de FCC, concesionaria de la gestión del plan urbanístico, estaba la expropiación y ordenación de las 389 hectáreas urbanizables. Un jugoso negocio por el que estaba previsto levantar 7.500 pisos, casi 3.000 más de los aprobados inicialmente. A cambio, FCC debía reservar un porcentaje de los terrenos para viales y calles. También tenía que ceder otro porcentaje del suelo al Consistorio para uso municipal. El convenio permitía a la empresa entregar dinero a cambio de quedarse con las parcelas municipales. Esto es la monetización, cuyo monto no estaba precisado en el convenio urbanístico.

La fiscalía señala que la decisión de monetizar los terrenos "se aprobó por el Ayuntamiento de Tres Cantos en diciembre de 2006". Entonces gobernaba De la Poza. "No tengo nada que ver con historias de ningún tipo. Aprobamos el plan en 2003 y no hubo nada", sostiene la ex alcaldesa. "Hubo una persecución política. Estoy harta y no quiero saber nada sobre eso". La ex regidora, que ha abandonado la política, explica que hace dos años acudió a la fiscalía a explicar su compra de un piso en la playa, "pagado con la hipoteca de mi casa". De la Poza rechaza cualquier acusación y defiende la gestión de su ex compañero Alberto Martínez. "Estábamos en medio de una guerra política", zanja en una conversación telefónica.

El fiscal relata en su escrito de denuncia que Alberto Martínez "tenía intereses" cuando votó en el pleno municipal de julio de 2004 para otorgar la gestión del plan general urbano a un concesionario privado. Martínez no se abstuvo. Era propietario de la mitad de una parcela afectada cuando emitió su voto. El otro 50% del solar pertenecía a la empresa Oskasa, pero una sentencia reservaba derechos al Grupo Montemar, propiedad de Alberto Martínez y su esposa. El ex edil tenía intereses por partida doble. El secretario del Ayuntamiento, Mariano Díaz, informó aquel día que no existía motivo para la abstención del concejal. La Fiscalía Anticorrupción también denuncia a Díaz. Este periódico intentó ayer, reiteradamente y sin éxito, contactar con Alberto Martínez. La fiscalía ha investigado pagos de cantidades no justificadas a empresas vinculadas con Martínez.

Otro de los denunciados es Juan Carlos Delgado Quevedo, ex jefe de Gabinete de la alcaldesa entre 2000 y 2006. Según la Fiscalía Anticorrupción, la empresa Asesoría de Proyectos de Gestión, propiedad de Delgado, recibió 787.827 euros en 2006 por parte de la sociedad Trigemer "por servicios cuya realidad no consta". La fiscalía quiere saber por qué Trigemer facturó al Ayuntamiento 3.245.841 euros entre 2005 y 2007. Además, ha comprobado los gastos de Delgado y ha determinado que entre 2004 y 2005 realizó desembolsos superiores a sus ingresos.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento tricantino, Miguel Aguado, precisa que "el PP casi siempre ha sido el responsable del Urbanismo y ha gozado de la mayoría en los gobiernos de coalición con María de la Poza". El responsable socialista asegura que le resulta "difícil entender que los dirigentes populares no supiesen nada". Y concluye: "José Folgado presidió la gestora del PP de Tres Cantos desde entonces y me cuesta creer que tampoco supiese nada, sobre todo cuando siendo en la actualidad alcalde toma siempre decisiones que perjudican a la ciudad y favorecen, siempre, a la constructora y a los promotores del suelo".

Un portavoz del Ayuntamiento no quiso entrar al trapo y afirmó que "es un asunto que tiene que ver con la anterior corporación. Estamos atentos a lo que decida la justicia".