El Ayuntamiento acusará a sus funcionarios corruptos

Un empresario detenido y cinco empleados municipales imputados fue el balance ayer de la tercera jornada de la operación Guateque, que persigue una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid.

Con las nuevas operaciones de la Guardia Civil, que empezó la jornada con registros en sedes de empresas y domicilios, son ya 17 las personas detenidas y 21 los trabajadores municipales sospechosos de formar parte de una tupida trama que cobraba a los empresarios de locales de ocio entre 3.000 y 18.000 euros por agilizar la concesión de licencias o retrasar expedientes sancionadores. Una tercera vía de ingresos ilícitos, según fuentes del caso, era hacer figurar en los expedientes obras e instalaciones en realidad no llevadas a cabo o instaladas.

La red tenía su corazón en las Concejalías de Medio Ambiente y Urbanismo -con nueve responsables detenidos- y tentáculos en las juntas de distritos de Centro, Chamberí y San Blas. Al menos seis empresas de arquitectura, ingeniería y albañilería han sido relacionadas con los detenidos. Según las primeras investigaciones, el grupo de funcionarios corruptos llevaba años funcionando sin que ningún equipo de Gobierno municipal haya sido capaz de identificarlo y atajarlo.

La Guardia Civil se ha incautado durante los registros en domicilios y oficinas municipales de 180 expedientes sobre concesiones de licencias presuntamente irregulares, por lo que ahora procederá a un detallado estudio de sus contenidos para poder determinar el número total de implicados y las cuantías cobradas ilegalmente.

El día también vio cómo aumentaba la tensión política entre el equipo del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y la oposición. El Ayuntamiento sigue con su estrategia de responsabilizar sólo a los funcionarios y eludir cualquier responsabilidad, mientras los socialistas acusan al alcalde de haber mirado hacia otro lado cuando le llegaron indicios de prácticas corruptas entre sus trabajadores. El Consistorio anunció que se personará como acusación particular en calidad de perjudicado. A los empleados municipales se les acusa de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

EL PAÍS ha reconstruido parte de la trama. Entre sus integrantes figuran un jefe de departamento (dos niveles por debajo del director general del ramo) y un adjunto de departamento. Los dos son cargos de libre designación, cuyo sueldo supera los 40.000 euros anuales.

Para atajar la corrupción, el PSOE exigió una auditoría interna en el Consistorio.