El Ayuntamiento mantiene a delincuentes al frente de la funeraria

La sentencia del caso funeraria, difundida el lunes pasado, ha sido demoledora. El fallo de la Audiencia Provincial, 15 años después de iniciarse el proceso, considera que hubo prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y fraude a la Hacienda pública en la semiprivatización de la funeraria municipal, con la venta del 49% de las acciones por un precio simbólico de 100 pesetas (0,60 euros). Aunque el tribunal reduce las penas a sólo dos años de inhabilitación por prevaricación para el ex teniente de alcalde Luis María Huete, porque el resto de los delitos los considera prescritos.

Tres de las personas que, según la audiencia, cometieron estos delitos, siguen gestionando la funeraria municipal a través de Funespaña, la empresa que compró la funeraria. El ex asesor municipal José Ignacio Rodrigo y los hermanos Juan Antonio y Ángel Valdivia siguen al frente de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios (Funespaña gestiona la empresa semipública) y han quedado impunes al prescribir los delitos que cometieron, según la sentencia. Los empresarios se han beneficiado de la dilación del proceso judicial.

El Ayuntamiento mantiene de momento al frente de la empresa mixta a los tres individuos que han quedado impunes y tanto ayer como anteayer, sus responsables políticos se han negado a hablar sobre el caso. El alcalde Alberto Ruiz-Gallardón se encuentra en Atenas, donde no ha querido hacer declaraciones: "Sólo hablaré de la candidatura", recalcó ayer.

El vicealcalde, Manuel Cobo, y el concejal de Seguridad y presidente del consejo de administración de la funeraria, Pedro Calvo, también han guardado silencio. Cobo manifestó que los servicios jurídicos municipales estudian la sentencia. Lo mismo aseguró un portavoz del área de Calvo.

Los responsables políticos no aclararon por tanto, si el Ayuntamiento reclamará los 7,4 millones de euros que la sentencia estima que valía el 49% de la empresa pública.

Los 600 trabajadores de la funeraria pidieron ayer al Ayuntamiento que se pronuncie sobre el futuro de la empresa y si asumirá la responsabilidad de estabilidad de los puestos de trabajo.

Según los hechos reconstruidos por la sentencia, el ex asesor municipal José Ignacio Rodrigo cometió un delito de tráfico de influencias. Rodrigo fue fichado como consultor por el ex concejal de Sanidad y gerente de la funeraria municipal Simón Viñals para que elaborara un estudio sobre la situación de la empresa pública. Tuvo acceso a información privilegiada. Defendió la privatización de la funeraria con "información sesgada" ante los responsables políticos, según la sentencia. Y se hizo con su control. Ahora es consejero y accionista mayoritario de Funespaña. Esta compañía compró el 49% de la funeraria municipal por sólo 0,60 euros, cuando un estudio encargado por Rodrigo fijaba su valor en 18 millones. Los hermanos Juan Antonio y Ángel Valdivia eran propietarios de una pequeña empresa de Almería cuando compraron la funeraria. Han sido acusados de falsedad documental y fraude a la Hacienda pública, delitos que están prescritos. Estos tres empresarios crearon un entramado de empresas ficticias radicadas en Holanda para no declarar a Hacienda los ingresos procedentes de la gestión de la funeraria municipal.