Compadreo y descontrol

El origen de la corrupción urbanística se halla en la discrecionalidad que acompaña a todo el proceso de edificación y de planificación y que, por falta de controles sociales, permite actuaciones que propenden a desbordar el marco de las leyes.

Ésta es una de las principales causas de la corrupción enunciadas en un encuentro entre magistrados y arquitectos, reunido la semana pasada en Madrid bajo el lema Licencias urbanísticas y corrupción administrativa. Se apuntaron, además, la subjetividad del político, el compadreo y el deseo de enriquecimiento en los agentes de urbanismo como otras importantes causas que la generan, así como la poca entidad del suelo como institución comunitaria.

La complejidad de los procedimientos de tramitación de licencias, las inercias administrativas y cierto desconocimiento, por los jueces, de la urdimbre urbanística fueron igualmente enunciados como factores coadyuvantes, así como el involucramiento de la figura del político, situado en las terminales de la discrecionalidad donde, a juicio de muchos de los ponentes, se origina la corrupción.

"Cuando el político antepone sus intereses privados a los públicos, surge la corrupción", señaló Pedro Ortiz, ex concejal de Madrid y directivo del Colegio Oficial de Arquitectos, entidad convocante del certamen junto con el Consejo General del Poder Judicial, que ofreció su sede de la calle del Marqués de la Ensenada para albergarlo.

Entre los ponentes del encuentro figuraban los magistrados Jesús Torres, José Manuel Maza y Eduardo Ortega; los arquitectos Cristóbal Vallhonrat, de Alcalá de Henares, y María Luisa Martínez, así como el co-anfitrión Pedro Ortiz.

Eduardo Ortega, magistrado administrativista, se refirió al compadreo y a la cultura clientelista española para explicar una parte de las causas de la corrupción.

Para Cristóbal Vallhonrat, la solución contra la corrupción urbanística pasa por fundamentar -tal cual existe en países como el Reino Unido- un suelo público comunal blindado a la especulación.

Telón de fondo de muchas de las intervenciones lo fue la figura del arquitecto honorario, que los ayuntamientos pobres contratan y al que no pagan en directo, sino mediante una suerte de carta blanca para hacer y deshacer arquitectura en cada pueblo. En la Comunidad de Madrid hay más de un centenar.

La mesa redonda contó con el alcalde de Robledo de Chavela, el panadero Mario Lafuente, y el concejal del PSOE, Pedro Sánchez, portavoz de Urbanismo del Grupo Municipal Socialista, así como con Luis Corral, del Colegio de Arquitectos de Baleares, y Carmen Casanova, gerente de Urbanismo de San Sebastián de los Reyes.

Pedro Sánchez se refirió al caso Guateque, del que dijo: "Pese a ser portavoz de mi grupo para su investigación, desconozco 500 de los 700 expedientes incoados al respecto". Y citó otro ejemplo: "De las 1.128 denuncias presentadas por vecinos de Madrid contra otros tantos locales por ruidos, tan sólo se han resuelto las correspondientes a 14 locales". Y agregó después: "Todo esto genera desconfianza e inseguridad en los ciudadanos respecto a la Administración municipal y hacia los funcionarios".

Por cierto, el cartel que anunciaba el certamen contaba con una ilustración serigrafiada donde se adivinaba el perfil de Al Capone.