Condenada por prevaricación la 'número dos' de Tomás Gómez

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) condenó ayer a una pena de ocho años de inhabilitación especial para ejercer cargo público a la secretaria de Organización del PSM y ex alcaldesa de Torrejón de Ardoz, Trinidad Rollán.

Los magistrados consideran probado en su sentencia que la número dos de los socialistas madrileños cometió un delito de prevaricación al aprobar en 2001, cuando era alcaldesa de Torrejón, un convenio urbanístico con la empresa Patrimonios Siglo XXI que incluía una cesión de terrenos municipales para "ignorar la ley". Los jueces, en una sentencia muy dura, concluyen que la participación de Rollán consistió en la preparación y en la aprobación del "ilegal convenio" concertado con la empresa privada, y por tanto fue "del máximo rango". Además, resalta que la entonces regidora aprobó con su voto la operación en el pleno municipal pese a tener "la plena conciencia del carácter ilícito" del acuerdo.

Junto a la número dos de los socialistas madrileños, la sentencia, que fue leída en vista pública ayer por la tarde por el presidente del alto tribunal madrileño, Francisco Javier Vieira, condena también a penas de inhabilitación a los otros 13 ediles (9 socialistas y 4 del Partido Demócrata Español), que también habían sido acusados de prevaricación en el proceso.

Es el caso de Francisco Martín Rojas, quien fuera concejal de Urbanismo de Torrejón en 2001 y principal impulsor del acuerdo y que ahora es concejal en la oposición, quien no podrá ejercer cargo público durante ocho años, el mismo periodo que la sentencia impone para el ex edil Valentín Gómez.La sentencia leída ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid también considera que la ex alcaldesa de Torrejón de Ardóz, Trinidad Rollán, elevó a documento público el convenio que había sido irregularmente concertado: "Por esta decisión, los ciudadanos de Torrejón perdieron de un modo ilegal la propiedad de un bien inmueble municipal". Pese a esta consideración, en ninguno de los puntos de la sentencia se considera que los concejales condenados se lucraran personalmente con este convenio ilegal. Tampoco se incluye ninguna valoración de las posibles pérdidas sufridas en 2001 por el Ayuntamiento con este trato acordado para la construcción de 114 viviendas públicas en el municipio.

Además de la implicación de Rollán, los magistrados aseguran no tener dudas de la culpabilidad de la conducta que desplegó el entonces concejal de Urbanismo, Martín Rojas. Este edil fue el que pactó y firmó con el representante legal de la sociedad Patrimonios Siglo XXI el proyecto del convenio que finalmente aprobó el pleno municipal: "Tratando de soslayar desde el primer momento la imposición legal de acudir a la subasta como medio normal de enajenar los bienes municipales". Para conseguir este fin, según los jueces, acudió "al torpe recurso" de llamar permuta al acuerdo. Y precisamente fue Martín Rojas quien presidió la comisión informativa de Urbanismo y quien antes del pleno explicó al resto de ediles socialistas la naturaleza y el alcance del convenio. También fue el responsable de explicar al resto de ediles que tenían que votar a favor, según consta en la sentencia, que también condena a ocho años de inhabilitación al ex concejal Valentín Gómez. Y le impone la máxima pena pese a que le considera entre los ediles que pudieron no haber conocido de forma pormenorizada el convenio.

El resto de procesados, los socialistas Luis Ceres, Juana Fernández, Francisco Montero; la ex concejal y ahora diputada regional Esperanza Rozas; Juan Francisco López, Félix Ortega, María de los Desamparados Gallego; y del Partido Demócrata Español (PADE) Julián López Jiménez, Josefina Guinovart, María del Mar González y Lucía Tizón han sido condenados a siete años de inhabilitación. Entre estos últimos, los jueces consideran grave la participación del portavoz del PADE, Julián López, asegurando: "Es poco comprensible que un jurista en actividad pueda aceptar como legítimo el calificativo de permuta que, con el evidente propósito de burlar la ley, se lanzó a la burda operación urbanística".

En los 34 folios de la sentencia los magistrados sostienen que en el proyecto de convenio urbanístico es muy visible el "torpe propósito de soslayar" la legalidad para así cumplir sus "ilícitos propósitos". Y para sortear la legalidad, insisten en que los condenados recurrieron a la permuta. Pero esta figura jurídica "no encajaba, ni de lejos", explican los jueces. En suma, el Ayuntamiento entregaba el dominio de una parcela y, a cambio, conseguía, además de una suma de dinero (3,5 millones de euros), convertir en urbano otro terreno de su propiedad. Sin embargo, Patrimonios Siglo XXI no transmitía la propiedad de ningún bien, sino que se limitaba a urbanizar una parcela municipal y a abonar una cantidad por otra finca que adquiría al Consistorio de Torrejón.

Por eso, para los magistrados, el considerar el trato investigado un convenio de permuta supone un "dislate", un "desatino" o una "aberración". Asegurando, además: "Resulta algo hasta risible, ridículo o grotesco para cualquier persona lega en derecho por escaso que sea su sentido común y siempre que medite brevemente sobre contenido de tal operación". Los miembros de la sala califican el acuerdo por el que han sido condenados los 14 ediles como "una maniobra tan ilícita como burda y rudimentaria, poniéndose de manifiesto que tal tramoya no tenía otro fin que el de burlar la norma jurídica que los encausados se habían obligado a respetar cuando accedieron al cargo del que abusaron". Los magistrados van más allá en su consideración del convenio de permuta, que ya había sido declarado ilegal por una sentencia de lo Contencioso-Administrativo: "Se trató, en fin, de una forma de proceder que esta sala debe considerar como una farsa seudojurídica inconsistente, burda, clamorosa y, en suma, esperpéntica".

Además, prosigue el fallo judicial, los ediles socialistas habían sido avisados de la ilegalidad del convenio por concejales de la oposición, el interventor y el secretario municipal, Saturio Hernández de Marco. Este último llegó a advertir en el pleno que no podía existir una permuta, "si no existe reciprocidad de dar y recibir una cosa".