El Consejo Económico critica el uso que hace Aguirre de la Ley de Medidas

Toque de atención al Gobierno de Esperanza Aguirre desde un órgano consultivo afín. El Consejo Económico y Social (CES), encargado de supervisar e informar de las leyes económicas del Gobierno regional y copado por consejeros afines al PP, aprobó ayer en el pleno un informe, no vinculante, que, pese a dar su visto bueno al anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, la conocida como Ley de Acompañamiento, cuestiona que se utilice para hacer reformas legales. También reclama que se informe de los "beneficios" que implica privatizar el Canal de Isabel II.

"La Comunidad de Madrid debe evitar que la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas sea utilizada para regular o modificar normativas sobre materias específicas que, por su complejidad o trascendencia, merecerían ser recogidas en su propia ley sustantiva", afirma el informe, de ocho páginas, en su quinta recomendación.

El PP usa esta ley para regular normas que deberían ir a la Asamblea

Este documento, que recibió el voto mayoritario y únicamente el rechazo del grupo sindical, hace una buena valoración general de la ley. El conjunto de medidas del anteproyecto, afirma, es "consistente con la política impulsada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en los últimos años y que tan buenos resultados ha reportado a la actividad económica" y, agrega, "aún más en una situación de crisis".

Por eso tiene más valor que el CES sea crítico sobre el uso de la Ley de Acompañamiento. El Ejecutivo regional reforma en esta ocasión hasta 21 leyes de una tacada, algunas tan importantes como la que abre el proceso de privatización del Canal de Isabel II o la que reforma la ley de cajas en pleno proceso electoral de Caja Madrid, iniciado por su presidente, Miguel Blesa.

Una vez más, hay también reformas de la Ley del Suelo, pese a que la oposición (PSOE e IU) ha pedido reiteradamente que cualquier modificación se consensúe en la Asamblea. Los dos grupos son muy críticos con el abuso que ha hecho Aguirre de esta ley desde que gobierna, pues la utiliza para regular cuestiones que no son del ámbito fiscal o administrativo, el único objeto al que debe circunscribirse la ley. Mientras que IU ha anunciado que impugnará la Ley de Acompañamiento de este año en los tribunales y votará en contra, los socialistas se abstendrán.

La Ley de Acompañamiento ha caído en desuso en otras comunidades y también ha renunciado a ella el Gobierno central, desde que José Luis Rodríguez Zapatero es presidente. Ha desaparecido en Andalucía, Galicia y País Vasco. Y, de las grandes autonomías, sólo sigue vigente en Cataluña -donde la de este año se limita a establecer medidas fiscales- y en Valencia -que hace el mismo uso que Madrid y reforma este año una veintena de leyes-.

El CES también recomienda al Gobierno de Aguirre que "se informe adecuadamente de los beneficios" que reportaría a los ciudadanos la privatización del Canal. El anteproyecto, que ahora será devuelto al Consejo de Gobierno para que inicie su tramitación parlamentaria, regula la creación de una sociedad anónima, a la que el Canal de Isabel II traspasará su patrimonio, a excepción de las infraestructuras hidráulicas. Después, el 49% de las acciones de esta empresa saldrán a Bolsa. El plazo es de un año y medio.

El grupo sindical del CES, integrado por representantes de CC OO y UGT, emitió un voto particular, en sentido negativo. "El informe recoge un conjunto de recomendaciones laudatorias a la ley, impropias e inadecuadas en un informe del CES, cuya función no es aprobar o rechazar leyes", afirma ese voto. También critica que el Gobierno regional amplíe el objeto de la ley, para "modificar normas sin tener que debatirlas una a una". El procedimiento, continúa, aunque correcto jurídicamente, es "burlesco" con los parlamentarios.

Desde el pleno de ayer, el CES ha dejado vacante la secretaría general. El presidente de la institución, Francisco Cabrillo, ya trató en julio, sin éxito, de sustituir en el cargo a Julio González Cid -elegido por consenso- para colocar a Rocío Albert, próxima al PP y profesora de la Complutense. Ni siquiera llegó al pleno. González presentó ayer su dimisión irrevocable. Por eso, hubo votación y el pleno rechazó la candidatura de Albert por 11 votos en contra, nueve a favor y cinco abstenciones. El puesto sigue vacante.