El Constitucional permite que los forestales entren en las fincas privadas

Los agentes forestales podrán seguir recorriendo el monte y hacer la función para la que se les paga: recorrer las fincas públicas y privadas para preservar el medio ambiente. El Tribunal Constitucional dictó ayer una resolución que mantiene en suspenso el artículo 9 de la Ley de Medidas Urgentes que el Gobierno Regional de Madrid de Esperanza Aguirre aprobó en julio de 2007. Este artículo impedía a los agentes forestales de la Comunidad de Madrid acceder a terrenos privados y les obligaba a solicitar una orden judicial para hacerlo. El trámite impedía en muchos casos y retrasaba en otros la labor de los guardas.

"La norma puede crear un perjuicio al interés general", dice el Tribunal

Narbona recurrió el artículo que limitaba la labor de los agentes

La situación provocó que los guardabosques no pudieran acceder durante cinco meses a las fincas privadas para realizar funciones fundamentales, como verificar el estado de las zanjas cortafuegos o comprobar el estado de algunas especies protegidas que deambulan por estas zonas.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, recurrió la ley de la Comunidad ante el Tribunal Constitucional el 29 de octubre de 2007. Adujo que la norma regional disminuía la capacidad de actuación de los agentes forestales. El Tribunal admitió el recurso en diciembre, lo que provocó que la ley quedase en suspenso. Ahora, lo que hace el Constitucional al mantener en suspenso la norma de Aguirre es ratificar que los guardabosques puedan acceder a los montes de propiedad privada para que sigan ejerciendo su función. El auto del Constitucional es una resolución previa a la sentencia definitiva.

El tribunal asegura en su resolución que la vigencia de la norma regional "podría ocasionar consecuencias desfavorables para los valores medioambientales susceptibles de protección y el daño que eso constituiría". En su argumentación jurídica, el Constitucional indica que de impedirse el libre acceso a los agentes se podría producir "un perjuicio al interés general difícilmente reparable y de mayor entidad que el que pudiera causarse a los particulares, titulares del derecho de propiedad sobre montes y terrenos forestales, así como a los eventuales infractores sancionados como consecuencia de la actividad inspectora de los agentes forestales".

El tribunal precisa respecto a la labor de los agentes forestales que "no cabe deducir que de la posibilidad de acceder a los montes o terrenos forestales hayan de derivarse necesariamente consecuencias represivas, pues no todo acceso resultará en un procedimiento sancionador".

Narbona calificó ayer la resolución del Tribunal como "muy positiva" porque el fallo "repone a su estado original la garantía de los derechos de los madrileños". El recurso de inconstitucionalidad del Gobierno nacional se basó en que la norma regional reducía la defensa del interés general y del medio ambiente.

Los agentes forestales expresaron ayer su satisfacción al conocer el auto del alto tribunal. "Significa la victoria de la legalidad", según el portavoz de Comisiones Obreras de los guardas forestales, Francisco Cabezos. "Con la norma de Aguirre prevalecían unos falsos privilegios por encima del bien general", asegura.

La Comunidad de Madrid emitió ayer un comunicado en el que acata la decisión del Tribunal Constitucional, pero señala que el auto "no presupone el sentido que tendrá el fallo final. Este fallo es por un principio de precaución jurídica".

La portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez, cargó con dureza contra la consejera de Medio Ambiente, Beatriz Elorriaga, y contra la presidenta regional. "No puede ser que los tribunales sean los que digan continuamente a Aguirre cómo tiene que proteger el medio ambiente. Ha pasado con la M-501, con los agentes forestales...", señaló Menéndez.