El Defensor del Pueblo investiga la guardería que discriminaba a los padres no católicos

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, investiga ya el caso de la guardería concertada Cristo de la Guía (Vicálvaro), donde se discrimina a los padres que se declaran no católicos. En dicho centro, financiado con fondos públicos, se establece un criterio de baremación para seleccionar a los alumnos en el que si los padres están casados por la Iglesia o los niños están bautizados o realizan catequesis se otorga un punto al aspirante.

El Defensor del Pueblo se ha hecho eco de la noticia publicada por EL PAÍS en su edición del martes y ha abierto una investigación de oficio. Según Múgica, el criterio de baremación "resulta contrario al principio constitucional de igualdad al implicar una discriminación por razones religiosas para el resto de los solicitantes [...] e incurre en la vulneración de la normativa legal vigente en materia de admisión de alumnos".

"De momento hemos solicitado toda la información referente al caso y luego nos pronunciaremos al respecto", explicó ayer una portavoz del Defensor.

El Cristo de la Guía, además, utilizaba los puntos de libre determinación para la admisión de niños de 0 a 3 años, algo que la ley reserva sólo a la educación infantil a partir de 3 años.

La Comunidad de Madrid mandó el pasado martes a un inspector al Cristo de la Guía y pidió al centro que retirase el cartel de la entrada donde reseñaba sus criterios de baremación. El Consejo Escolar del centro acordó eliminar también del formulario de admisiones la petición de "un certificado de vivencia de la fe" para otorgar el punto de libre determinación.

Sin embargo, no se ha pronunciado todavía sobre si repetirá el proceso de selección, cuya fecha límite para presentar las solicitudes terminó ayer, a causa de la adulteración que podría haber sufrido por la discriminatoria petición. Sí anunció que los puntos de libre designación otorgados deberán anularse.

Él próximo 23 de mayo se publican todas las listas de admisión de escuelas infantiles. "La Comunidad tiene que actuar rápida y contundentemente y anular el proceso que se ha seguido hasta ahora, porque es ilegal. Pero debe abrirse un tiempo extraordinario que no altere los censos de escolarización de la zona", pidió ayer la portavoz de Educación de IU, Lali Vaquero.