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Detectives privados para echar a un trabajador del Teatro Español

CC OO cree que es una práctica "ilegal" porque hay mecanismos públicos de control

Patricia Ortega Dolz

La afición a los detectives no se circunscribe sólo al Gobierno de la Comunidad. Parece que el ejemplo ha cundido y la empresa municipal que gestiona todas las actividades culturales de Madrid -Madrid Arte y Cultura (MACSA)- y depende directamente de la Concejalía de Las Artes, dirigida por Alicia Moreno, contrató un servicio de agentes secretos para probar que un trabajador del Teatro Español estaba mintiendo con respecto a su situación de baja y, consecuentemente, despedirlo después. El empleado responde a las iniciales E. A. C., de 32 años. Era oficial de iluminación hasta diciembre pasado, cuando le echaron.

"Por transgresión de la buena fe contractual, fraude, deslealtad y abuso de confianza con incumplimiento de sus obligaciones laborales para con la empresa y con la Seguridad Social", justifica MACSA. En esta ocasión, según los documentos en poder de este periódico, la investigación encargada por el Ayuntamiento la llevó a cabo la agencia Detectives Almirante, "pionera de investigación en España", reza su anuncio.

La agencia en cuestión es un despacho en un piso bajo, ubicado al final del pasillo del portal número 194 de la calle de Alcalá. Almirante, a secas, pone junto al botón del portero automático. Ya dentro, al fondo, junto a una puerta, casi escondido, un folio pegado a la pared con el nombre de la empresa: "Detectives Almirante".

Allí se encuentra, pasado el filtro de su secretaria, Isidro García González ("Director-Gerente" pone en su tarjeta). Asoma la nariz por la puerta entreabierta de su despacho con la persiana bajada. Es un espacio sumamente austero, sin decoración de ningún tipo, con muebles de los años setenta, todo en tonos ocres, escritorio de nogal y sillas de escay verdoso. Todo discreción de no ser por el enorme tamaño de la bandera española que cuelga de un mástil en el despacho.

-¿Contrató el Ayuntamiento sus servicios?

-Yo no le puedo decir nada, tendrá que confirmárselo el cliente -dice García, mientras reconoce en los papeles que le muestra la periodista el informe elaborado por su agencia.

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"Había sospechas de un absentismo laboral fraudulento", explican fuentes de la Concejalía de Las Artes, que reconocen la contratación de los servicios de la agencia de detectives. "Y por eso se contrata a peritos judiciales", agregan. Según las mismas fuentes, los "peritos judiciales recaban datos para buscar pruebas que le sirvan a un juez". No obstante, en la empresa de Detectives Almirante sólo se hace referencia a "detectives privados" y no a "peritos judiciales".

"Durante la situación de baja por incapacidad temporal se tuvieron noticias de que el trabajador indicado podría estar realizando actividades laborales al margen de nuestra empresa, razón por la cual, y para poder comprobar si esto era cierto, se decidió efectuar una investigación de su situación", argumentan en su informe (fechado el pasado 10 de diciembre) los responsables de la empresa del Ayuntamiento.

Los seguimientos, según el informe elaborado por los detectives y entregado a MACSA, se realizaron el viernes 7 de noviembre, el sábado 8, el jueves 13 y el viernes 14. "A las 00.05 del viernes 7 de noviembre de 2008 el trabajador fue visto en el interior de la discoteca Lobby, sita en el paseo de Recoletos número 16".

"Se encontraba en un apartado de dicho establecimiento, sin acceso al público, y realizando una actividad profesional en una mesa de mezclas con pantalla visual. Se comprobó que su actividad consiste en ser el responsable de la iluminación", dice el informe, que detalla las veces que el investigado acude a la barra a pedir una consumición. Estos seguimientos son los que le han servido a MACSA para justificar el "despido procedente".

Sin embargo, ¿es legal que el Ayuntamiento, la Administración Pública, pague a detectives privados para investigar las sospechas sobre uno de sus trabajadores, en lugar de valerse de los servicios de la Inspección pública? Según fuentes de Las Artes es legítimo, "porque MACSA es una empresa", independientemente de que sea 100% pública. Según el secretario de política institucional de CC OO, Jaime Cedrún, "es ilegal". "Son prácticas de las empresas privadas que recurrimos constantemente", continúa, "porque suponen una persecución del trabajador. Pero es más escandaloso que lo haga la Administración, cuando existen mecanismos para ello, como la Inspección sanitaria (en la medida en que al trabajador le da la baja un profesional de la sanidad pública) y, en caso de que existan sospechas fundadas de fraude, deberían denunciarlo a la policía, no contratar a unos detectives". El responsable jurídico de otro consistorio asegura que "un Ayuntamiento puede contratar los servicios que quiera siempre que se atenga a la Ley de Contratos del Sector Público (de 31 de octubre de 2007) y que esa inversión se efectúe con los procedimientos administrativos establecidos, todo depende de la cuantía".

Desde Las Artes se negaron a facilitar el dato de la cantidad de dinero invertida en esta investigación. E. A. C., que se encuentra fuera de Madrid, y sus familiares han recurrido el despido. "Porque con dos fotos en una discoteca no se puede demostrar que una persona tiene un contrato al margen de su trabajo", explicaba un hermano del afectado. El juicio se celebrará en abril.

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Sobre la firma

Patricia Ortega Dolz
Es reportera de EL PAÍS desde 2001, especializada en Interior (Seguridad, Sucesos y Terrorismo). Ha desarrollado su carrera en este diario en distintas secciones: Local, Nacional, Domingo, o Revista, cultivando principalmente el género del Reportaje, ahora también audiovisual. Ha vivido en Nueva York y Shanghai y es autora de "Madrid en 20 vinos".

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