"Eran nuestra última esperanza"

Sentada en una silla del salón, una emocionada Victoria Sanz parecía no dar crédito a lo que acababa de suceder: dos plantas abajo, fuera de su vivienda, alrededor de un centenar de personas lograron ayer frenar su desahucio por impago de un alquiler de una renta antigua. "Cuando me digan que ya está todo solucionado, entonces, si Dios quiere, estaré más tranquila", dice la mujer de 84 años, enferma de cáncer, que vive junto a un hijo afectado por una discapacidad auditiva.

Convocados por Democracia Real Ya y asambleas de barrio del 15-M, las personas comenzaron a llegar a las puertas de la casa ubicada en la calle de Norte, en Malasaña, minutos después de las ocho de la mañana. Unos eran activistas veteranos; otros, estudiantes con sus libros de Julio Cortázar o Elias Canetti bajo el brazo, profesionales en paro, vecinos que estaban ahí por primera vez. No hubo disturbios, solo gargantas al viento. "¡Este desahucio lo vamos a parar! ¡Resistencia, resistencia!", gritaba la multitud.

"Es una persona que no paga salvo que se le requiera", dice el abogado del casero

El de esta anciana es el octavo desahucio que se frena en Madrid desde el 15 de junio. El abogado de la propiedad, Miguel Garcimartín, dice que la inquilina no paga desde hace 20 meses la renta mensual, de 156 euros, más otros 114 euros por gastos de comunidad. El piso lo tiene la familia de Sanz desde los años treinta. "Es una persona que no paga salvo que se le requiera. Recibe una pensión de 900 euros y su hijo trabaja en la ONCE, aparte de tener más hijos. Con estos ingresos muchas familias afrontan gastos de vivienda muy superiores", dice Garcimartín, que sostiene que los dueños son una familia.

Por el contrario, la abogada Guadalupe Bustos, representante legal de Sanz, sostiene que el piso es propiedad de una inmobiliaria y que, además de la falta de recursos, a su cliente le ha impedido cumplir con sus pagos su enfermedad. Dice que su deuda ronda los 5.000 euros y que están dispuestos a renegociarla. "Hemos adjuntado dos informes médicos que prescriben reposo absoluto, además de hacer constar que no tienen ninguna otra vivienda", dijo la defensora.

La comisión judicial y los representantes legales de los arrendadores llegaron sobre las nueve y media de la mañana; una hora después, el desahucio se suspendía por cuestiones de orden público. Se ha reprogramado para el 12 de septiembre. Antonio Quiroga Sanz, de 55 años, hijo de la inquilina y con una discapacidad auditiva del 41%, estaba conmovido por el esfuerzo de quienes pararon su desalojo. "Eran la última esperanza que teníamos y han estado hasta el límite", señaló entre lágrimas. Después, algunos de los activistas se dirigieron a una protesta convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca frente a una sucursal en defensa de un deudor de hipoteca.