Funcionario de baja, justicia estancada

El 9 de diciembre de 2005 cayó una viga de casi cinco toneladas sobre un trabajador polaco, Andrzej Lewandowski, de 44 años, en una empresa de Navalcarnero. Le segó las piernas. Murió horas después en el hospital Doce de Octubre. En Polonia dejó viuda y dos hijos, que económicamente dependían de él.

El trabajador murió al caerle encima una viga de casi cinco toneladas

Después de 28 meses del accidente, el Juzgado de Instrucción número 3 de Navalcarnero -que instruye esta causa por un delito contra los derechos de los traba-jadores- ni siquiera había elaborado -al menos hasta hace unos días- el auto de procedimiento abreviado que da pie a la apertura del juicio oral. La baja laboral del funcionario que lleva el procedimiento judicial, y que no fue suplido, es el motivo de esta demora.

Tras ordenar las diligencias iniciales del caso -traslado del cadáver a Polonia- y tomar declaración a los dos imputados, la causa ha dormido el sueño de los justos. No se ha hecho prácticamente nada.

Fuentes del juzgado de Navalcarnero admitieron que la demora obedecía a la ausencia del funcionario que tramita el asunto. Los otros compañeros suelen intervenir en causas ajenas a las suyas, pero cuando se trata de algún trámite de urgencia.

El abogado del sindicato UGT, a instancias de su dirigente en Madrid, Marisa Rufino, pidió al juzgado el pasado 20 de julio que le considerase acusación particular en defensa de la familia del fallecido. Después de nueve meses, que se sepa, el juzgado ni siquiera había proveído esta petición. Y a estas alturas, el único testigo del accidente, Pawel Dimala, está en paradero desconocido. Declaró ante la Guardia Civil, pero no ante el juzgado.

La viuda y dos hijos del fallecido llevan, pues, 28 meses esperando que la justicia haga su labor para cobrar la indemnización. Al ritmo que van las cosas, aún queda otro año, o más, para que se celebre el juicio contra el responsable de la empresa en la que se produjo el accidente.

El operario fallecido formaba parte de un grupo de obreros polacos que vino a España para ayudar en la construcción de vigas para las obras de la M-30. La empresa, Metalúrgicas Nales, según los inspectores de Trabajo, cometió una "infracción grave" que lleva aparejada una multa de 360.000 euros. Incumplió la normativa de seguridad al permitir que un trabajador sin la debida preparación y formación realizase una operación de elevado riesgo y sin las adecuadas medidas de seguridad.

Una vez que la juez termine la instrucción y decrete la apertura del juicio oral, quedarán por lo menos otros tres años hasta que la familia, si así lo estiman los jueces, pueda cobrar la indemnización. Este periódico ha intentado, sin éxito, localizar en Polonia a la familia del trabajador fallecido. Fuentes de las partes han señalado que se trata de personas muy humildes que se quedaron sin apenas medios económicos tras la desaparición de Andrzej Lewandowski.

Al término de su mandato como fiscal de delitos laborales de Madrid, Pedro Martínez lamentaba no haber logrado uno de sus objetivos: acabar con la tardanza que suele acompañar la instrucción de los delitos laborales y procurar que los juicios se celebrasen, como mucho, al año del accidente. Afirman fuentes conocedoras de esta jurisdicción que las demoras vienen dadas muchas veces por la dificultad para localizar a la empresa responsable del accidente, ya que suele haber subcontratas en cadena en este tipo de tareas.

En el caso de este trabajador, el motivo no son las subcontratas. La demora surge del propio juzgado, que dirige la juez Concepción Aparicio, según fuentes jurídicas. La instrucción quedó prácticamente hecha en los primeros meses tras el accidente. La Guardia Civil hizo su informe pocos días después del siniestro, y los inspectores de trabajo lo elevaron al juzgado el 30 de abril de 2006. Los imputados declararon el año pasado.

Antes de que estuviera de baja este funcionario, sólo faltaba que la juez transformase las diligencias en un procedimiento abreviado y luego ordenase la apertura del juicio oral. Pero la baja laboral ha propiciado una demora injustificada. Y situaciones parecidas ocurren en otros juzgados de Madrid.