Gallardón privatizará todos los centros culturales

Son los primeros, pero no serán los últimos. Los tres nuevos centros culturales municipales de Carabanchel tendrán una gestión totalmente privada cuando empiecen a funcionar, a partir del 1 de diciembre. Gestión "externalizada", matiza el Ayuntamiento. Es la política que se seguirá de ahora en adelante. Con la finalidad de "mejorar el servicio al ciudadano", los nuevos centros que se construyan tendrán la gestión "integral" de una empresa privada. Y progresivamente, ese modelo, la privatización, se irá extendiendo a los 84 centros culturales municipales ya existentes, avanza un portavoz del Ayuntamiento. Eso supone que el mantenimiento, la gestión económica y la programación cultural que ofrecen estará en manos privadas. El Consistorio ha aplicado ya este tipo de "externalización" a los nuevos polideportivos.

Con la privatización empeorarán "las prestaciones a los ciudadanos", dice IU

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó el pasado jueves un gasto de un millón y medio de euros para la gestión externa de los tres nuevos centros: Fernando Lázaro Carreter, San Francisco-La Prensa y Carabanchel Alto. El dinero es "una contraprestación" por las pérdidas que se calcula que sufrirán las empresas adjudicatarias por dar servicios a los ciudadanos a un precio "público". Es decir, será una gestión sin riesgos.

En el pliego de condiciones para la adjudicación de los tres nuevos centros se recoge, como el criterio que más puntúa, la "calidad y valor técnico del proyecto relativo a la organización, programación y ejecución de las actividades de talleres y formativas". O sea, lo relativo a la gestión de los servicios culturales. Pero el Ayuntamiento insiste en que supervisará los contenidos de dicha programación.

Desde hace tiempo, el Consistorio ha privatizado también parte de los servicios que ofrecen los centros culturales y los deportivos. "No tiene sentido que el socorrista de una piscina pública sea funcionario", defienden fuentes municipales. El mismo argumento emplea para los profesores de música o los monitores de talleres culturales.

"Es inadmisible que con el dinero de todos se subvencione el beneficio de unos pocos", manifiesta Milagros Hernández, concejal de IU. Además, recuerda que hay experiencias suficientes de cómo funciona la gestión privada para saber que "ofrece peores prestaciones para los usuarios y peores condiciones laborales para los trabajadores".

Precisamente, los funcionarios empleados en estos centros prevén manifestarse el jueves en la plaza de la Villa para protestar por la futura externalización de la tarea de los ordenanzas (personal de oficios de servicios internos [POSI], según la denominación municipal). A partir del 1 de enero, el Consistorio sustituirá por empleados de empresas privadas a unos 600 funcionarios de este tipo que realizan labores en centros culturales, centros de mayores y polideportivos.

En la Casa de la Villa consideran que los ordenanzas ejercen de "conserjes" y que, con los nuevos contratos de mantenimiento y limpieza que entrarán en vigor en enero, esa función se puede externalizar. De los 600 afectados, unos 250 irán destinados a colegios para que estén presentes mientras se realizan actividades extraescolares. El resto, dice el Ayuntamiento, optará a promociones para ascender al puesto de auxiliar administrativo. El argumento no convence a los ordenanzas. Y tampoco les gusta que se refieran a su trabajo como "conserjes".

Cristina es una de ellos. Esta mujer, que pide ocultar su verdadero nombre, trabaja en una biblioteca pública. Asegura que sus laborales "son de lo más variadas". Aunque según el Ayuntamiento es "conserje", cada día presta libros, hace carnés de usuario o atiende a las preguntas de los vecinos. De hecho, Cristina ha demandado al Consistorio por este motivo y reclama que se le pague la diferencia de sueldo que le correspondería por las labores que realmente desempeña.