Huelga contra el deterioro de los colegios y hospitales públicos

Dos de los servicios que más importan a los ciudadanos, la educación y la sanidad públicas, reclaman soluciones a través de los paros de sus trabajadores, que recurren a esta medida para exigir mejoras y clamar contra el deterioro de los servicios.

Hoy están convocados 50.000 profesores y 600.000 alumnos de colegios e institutos de la región. A ellos se suma la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Giner de los Ríos. Las mejoras laborales y la defensa de la educación pública son las principales reivindicaciones.

Profesores, alumnos y padres, convocados hoy; mañana es el turno de los médicos

Los centros abrirán normalmente, pues están obligados a admitir a los alumnos, aunque no habrá clases en las aulas. Los servicios mínimos serán del 25% de la plantilla en las escuelas infantiles, del 35% en centros de educación especial y del director y el jefe de estudios en los institutos. La huelga se completará con una manifestación por la tarde frente a la Consejería de Educación.

Mañana será el turno de la sanidad, que encadena paros intermitentes desde hace un mes. Hasta ahora habían sido los médicos de familia y los pediatras los que habían ido a la huelga para reclamar la mejora de los servicios. La novedad es que ahora se unen los hospitales.

La Federación de Médicos y Técnicos Superiores (Femyts) ha llamado a la huelga a un colectivo de casi 20.000 facultativos. Este sindicato considera que con el Gobierno de Esperanza Aguirre "el deterioro del sistema público empieza a ser evidente", y acusa al Ejecutivo regional de ser el responsable de la saturación en la atención primaria y la falta de planificación en los nuevos hospitales, donde muchos pacientes ya se quejan de que no les dan cita porque las agendas están cerradas por la saturación.

Mientras, los 200 trabajadores del ambulatorio de Pontones, en la ronda de Segovia, continúan hoy con sus protestas contra la privatización del centro, que pasará a ser gestionado de forma mixta por la Consejería de Sanidad y la empresa multinacional Capio.