Imputada por prevaricación una concejal de Getafe

El Juzgado número 7 de Getafe ha llamado a declarar como imputada a la concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de esa localidad, Cristina González, por una posible adjudicación irregular de plazas de aparcamiento denunciada por el PP. La cooperativa que preside el marido de González y de la que forman también parte su padre como secretario y su madre como tesorera recibió el encargo de las obras y la explotación de un aparcamiento.

El PP denunció el caso en 2009 ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción. El asunto pasó a mano de otros dos tribunales que se inhibieron hasta que la fiscal jefe del área de Leganés y Getafe, Adela Prieto Alonso, archivó la causa por entender que no había delito. "El hecho de que la concejal no se abstuviera en la votación llevada a cabo (para la adjudicación) si bien puede constituir una irregularidad administrativa, no constituye per se un ilícito penal, máxime teniendo en cuenta que las obras realizadas no suponían gasto público alguno para el Ayuntamiento de Getafe", argumentaba la fiscal para dar por cerrado el delito de prevaricación, que consiste en dictar una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta.

Denuncia del PP

El PP ha vuelto a presentar el mismo escrito de denuncia que fue archivado. Esta vez, el juzgado de Getafe ha llamado a declarar como imputados a la concejal y a su marido. Sara Hernández, primer teniente de alcalde y portavoz del Ayuntamiento, está convencida de que se volverá a archivar la causa una vez que se les tome declaración. "El PP está enmarañando, agotando hasta la extenuación todos los recursos judiciales. A través de la mentira en los juzgados quiere conseguir lo que no le dan las urnas cada cuatro años", opina Hernández.

El candidato del PP a la alcaldía de Getafe, Juan Soler, se lanzó a afirmar que este es un "gravísimo caso de posible trama de corrupción en el que se ven implicados concejales socialistas del Ayuntamiento". Soler dice que "la trama" podría haber supuesto un beneficio aproximado de 12 millones de euros para los gestores y concesionarios de los aparcamientos. A su juicio, y a falta de que el juzgado encargado de investigar el caso lo determinen "detrás de estas actuaciones podría haber cohecho, prevaricación y tráfico de influencias". "Los socialistas no distinguen entre lo familiar y lo público", subraya.