Imputado un alto cargo regional por la adjudicación de Las Ventas

José Pedro Gómez Ballesteros, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos, ha sido imputado por el juez que investiga la adjudicación de la explotación de la plaza de toros de Las Ventas por un presunto delito de falsedad documental. La Comunidad de Madrid cedió la gestión del coso en 2006 a Tauro Delta, SA, del empresario José Antonio Martínez Uranga, que se impuso en el concurso a Toreart Madrid, SL, liderada por Simón Casas, por una diferencia mínima (81,41 puntos sobre 80,13). Simón Casas, que gestiona la plaza de Nîmes, calificó entonces de "escandaloso" el fallo del Gobierno regional y llevó el caso a los tribunales. Acusaba al ganador de falsedad documental.

La cadena SER informó ayer de que la fiscalía presentó en el juzgado un escrito en el que señalaba que todos los miembros de la mesa de contratación declararon ante el juez que fue Gómez Ballesteros el único que estudió las ofertas que se presentaron para gestionar Las Ventas y que elaboró el informe definitivo que permitió a Martínez Uranga hacerse con la gestión del coso taurino. Gómez Ballesteros es el número dos del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad, que preside el vicepresidente regional, Ignacio González. Con Gómez Ballesteros ya son cuatro los imputados en el caso, entre ellos el propio empresario de la plaza, Martínez Uranga.

La concesión de la explotación de Las Ventas fue polémica desde el primer momento. La Comunidad informó de que la experiencia en la gestión -97 años- que acreditó Martínez Uranga, miembro de una familia de empresarios taurinos conocidos como Choperas, fue lo que decantó el concurso a su favor. El ganador se había hecho con el contrato anterior para gestionar Las Ventas, entre 2004 y 2006, junto al empresario Fidel San Román, encarcelado en la Operación Malaya. El grupo socialista en la Asamblea venía denunciando el "oscurantismo" en la adjudicación del contrato ya desde marzo del año pasado, cuando el asunto se trató en una comisión de la presidencia. "Pediremos que el presidente del Centro de Asuntos Taurinos, Ignacio González, explique lo que ha pasado", anunció ayer la diputada socialista Encarnación Moya.

"La Comunidad es la primera interesada en resolver si ha existido falsedad documental, ya que sería la víctima", aseguró ayer una portavoz, que recordó que el Gobierno no ha sido parte en el proceso penal, al tratarse de un litigio entre particulares. También expresó su extrañeza por el hecho de que se impute a Gómez Ballesteros un presunto delito de falsedad documental. "Él recibe y examina los documentos, no los presenta", añadió.