Juicio por prevaricación contra el ex alcalde de Boadilla

El ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, tiene cuentas pendientes con la justicia más allá de la trama Gürtel. En el próximo mes de noviembre tendrá que sentarse en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 1 de Móstoles acusado de un delito de prevaricación, según un auto al que ha tenido acceso este periódico.

Los escritos de acusación sostienen que el Ayuntamiento contrató en 2001 al hermano de Margarita de Diego Nicolás, una afiliada al PP que además formó parte de las listas electorales del partido en los comicios municipales de 2003. Sin concurso ni examen, el Patronato de Cultura Municipal le hizo un contrato laboral al hermano, R. de Diego Nicolás, según figura en la Seguridad Social. El Ayuntamiento reclamó al Instituto Nacional de Empleo la incorporación del trabajador para cubrir la plaza con urgencia. Lo hizo proporcionando los nombres y apellidos del empleado. Este nombramiento fue refrendado por González Panero.

Las irregularidades fueron advertidas por el secretario del Consejo de Administración del patronato y captadas por los partidos de la oposición, el PSOE y Alternativa por Boadilla, que denunciaron los hechos en 2002. Según estos partidos, fue "un ejemplo de cómo actuaba el Consistorio, que se convirtió en un lugar para colocar a amigos y simpatizantes". El juez instructor apreció que había indicios de delito y procesó a Panero en 2006, un año antes de presentarse a las últimas elecciones municipales, que ganó. Desde entonces, la causa está a la espera del juicio oral, que se notificó a las partes el pasado martes. Entretanto, el 30 de octubre de 2006 hubo una modificación en la afiliación a la Seguridad Social del trabajador, que pasó a ser funcionario interino.

También está imputado por esta presunta contratación irregular José Francisco Pastor, que entonces era el gerente del Patronato de Cultura, el órgano que contrató al conserje.

La fiscalía asegura que "mediante su proceder, los acusados vulneraron de modo flagrante la normativa vigente en materia de selección de personal al servicio de las administraciones locales, pues dicho nombramiento no fue precedido de la pertinente convocatoria pública y después de su nombramiento no se aprobó la oferta de empleo público". El fiscal pide para ambos acusados la suspensión para cargo público durante dos años y una multa que consistiría en una cuota diaria de 12 euros a pagar durante ocho meses.

Arturo González Panero también está imputado por la trama Gürtel de corrupción en torno al Partido Popular. Al Albondiguilla, como lo llamaba Francisco Correa, el jefe de la red, le impusieron una fianza de 1,8 millones de euros, la más alta de todos los investigados en el caso. Está acusado de aceptar sobornos y adjudicar contratos a empresas relacionadas con la trama.