JAVIER BARRIO, - Paracuellos del Jarama - 02/01/1991
Los propietarios de parcelas y viviendas en la urbanización Altos del Jarama, situada en la zona más elevada del término municipal de Paracuellos del Jarama, viven cuando llueve una auténtica odisea atravesando terrenos enfangados y empinadas cuestas roturadas irregularmente por maquinaria de obra para poder acceder a sus viviendas. Estas vías permanecen así desde hace más de ocho años. La situación en esta zona, habitada en su mayoría por personas de clase media, es insostenible desde que se creara una junta de compensación encargada de coordinar las obras de infraestructura.
Altos del Jarama, surgida hace nueve años al amparo de la impunidad legal para construir en cualquier lugar, cuenta en la actualidad con más de 500 parcelas y viviendas, y, según el plan parcial elaborado para su legalización, la recorren más de 100 kilómetros de viales, en la actualidad caminos de arena.La junta de compensación, integrada por todos los parcelistas y tutelada e inspeccionada por el Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama, eligió a varios representantes que formaron el consejo rector, al frente del cual figuran, como presidente, Miguel Gil González; vicepresidente, Eleazar Alonso Angulo, y como gerente, Patricio José Moreno Manzano. Ahora, los habitantes de Altos del Jarama exigen a este consejo transparencia en la gestión de los fondos al observar que las obras realizadas por la empresa Coninsa no avanzan pese a que ellos pagan puntualmente.
De los tres presupuestos que existen para acometer las obras de infraestructura, el inicial de 858 millones presentado a los parcelistas obliga a cada uno de ellos a pagar mensualmente una cantidad en virtud de la extensión de su parcela, que, por término medio, es de 80.000 pesetas.
La sospecha entre los propietarios de irregularidades administrativas y financieras se inició cuando en la Comunidad de Madrid se presentó un segundo plan parcial que, tras varias modificaciones y con una multa a la empresa constructora de 18 millones, fue aprobado por la Comisión de Urbanismo de la CAM el 26 de octubre de 1990. Este nuevo plan rebaja en 58 millones el anterior. Además, según los afectados, existe otro proyecto en el Ayuntamiento por 765 millones de pesetas, casi 100 millones menos del utilizado como base para fijar las cuotas que siguen pagando los propietarios.
Los parcelistas han comenzado a organizarse para exigir responsabilidades tanto al consejo rector como al Ayuntamiento por los, según ellos, numerosos incumplimientos detectados a la hora de ejecutar el plan parcial aprobado por la Comunidad de Madrid, que es el único válido. Afirman que, además de las diferencias entre los tres presupuestos, han observado anomalías en los trabajos y materiales utilizados en la obra, lo que supondría "un ahorro" de más de 100 millones.El clima de tensión que reina en la urbanización llevó el pasado 19 de diciembre a que varios vecinos de la misma asistieran a un pleno donde la corporación debatía el tema. Al finalizar el mismo, una vecina increpó al alcalde, Pedro Antonio Mesa, al que hacen también responsable, llamándole "ladrón". Éste la denunció, por lo que fue detenida y fichada en el cuartel de la Guardia Civil de Torrejón, aunque posteriormente fue puesta en libertad, acusada por el juez de haber cometido una falta leve.
Otros vecinos dicen haber recibido amenazas para que dejen de "consultar y mover papeles", según ellos, y sin aviso previo se ha contratado una patrulla de vigilantes jurados para proteger a familiares y personas del consejo rector, según la versión de los parcelistas.
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