La Audiencia ve indicios de delito ecológico en la actividad del vertedero ilegal de Las Cárcavas

, La Audiencia de Madrid considera que Podría existir un presunto delito ecológico con riesgo para la salud de las personas en la actividad de la escombrera ilegal de Las Cárcavas (Hortaleza), por lo que ha ordenado al juez que instruye el caso, Carlos del Valle, que no cierre la investigación como pretendía y que prosiga con las diligencias. El criterio municipal de que Madrid necesita el vertedero no es suficiente si ello implica poner en peligro el ecosistema, abunda el tribunal. La Audiencia corrobora así el recurso de la fiscalía de Medio Ambiente, que acudió ante el tribunal al ver que el juez instructor quería archivar el caso por entender que Las Cárcavas no constituía delito ecológico.

En un auto dictado el pasado día 2, el tribunal subraya que todavía no es el momento de cerrar el caso, ya que la escombrera es ilegal, incumple la normativa medioambiental y, además, es necesario elaborar nuevos estudios que concreten el nivel de riesgo del vertedero. Un riesgo que no cabe descartar mientras no se efectúen esos estudios. Con los informes que ya existen, la Audiencia avanza que la actividad de Las Cárcavas puede perjudicar, además de la salud de las personas, "las condiciones de vida animal y los espacios naturales"Con esta decisión, el tribunal da un nuevo giro a este proceso. Y es así porque el juez había dictado ya un auto de archivo provisional del caso, a pesar de que sólo unos meses -antes había dictado otra resolución en la que no sólo veía indicios delictivos en Las Cárcavas, sino que se mostraba dispuesto a sentar en el banquillo a los tres directivos de la empresa que gestiona el vertedero. Es decir, a María Isabel Mínguez Moreno, militante del PP; al ex comisario del distrito de Hortaleza José Luis Requena García, y al gerente de la empresa, Enrique Calvete.

Esta investigación judicial es fruto de la querella por presunto delito ecológico que presentó el PSOE contra Las Cárcavas a comienzos de 1996, y a la que luego se adhirió el fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio. Aparte de la inexistencia de licencia, el PSOE denunció el vertido en Las Cárcavas de residuos clínicos y dañinos contra el medio ambiente. Antes de decretar el archivo provisional, ahora revocado, el juez interrogó como testigos a la ex concejal de Medio Ambiente de Madrid Esperanza Aguirre (hoy ministra de Educación y Cultura) y al edil de Limpieza, Luis Molina. Los argumentos que ofrece el instructor para dar carpetazo al asunto no convencen a la Audiencia. Se centran, entre otras cosas, en que ninguna persona física ha resultado perjudicada por la actividad de Las Cárcavas. Opina la Audiencia que para que exista delito ecológico no es necesario que alguien o algo resulte lesionado, sino que "basta con que se haya puesto en peligro la salud de las personas o las condiciones del entorno animal y ecosistema".

Más informes

La Audiencia comparte el criterio municipal de que las "sociedades modernas" necesitan vertederos para sus residuos, pero entiende que el asunto debe seguir investigándose porque, curiosamente, no se ha hecho ningún estudio, o al menos no consta en las diligencias, que indique si hay o no "riesgo para la salud de las personas". El tribunal ordena que se elabore ese informe y que, además, los peritos aclaren qué quieren decir cuando hablan del grave deterioro -"de magnitud elevada y carácter irreversible"- que ha ocasionado la escombrera al suelo de la zona, y cuando aluden a la "dificultad para cuantificar los daños" ya ocasionados por los productos químicos de los envases allí arrojados.El informe del perito Francisco Suárez Carmona es demoledor sobre el impacto negativo de esta escombrera: alude a que Las Cárcavas ha tenido un impacto sobre la fauna de la zona "consistente en la destrucción del hábitat de reproducción de determinadas especies" y en el deterioro del entorno paisajístico, lo que puede generar un perjuicio a la salud pública.

Las Cárcavas trabaja sin licencia municipal desde su nacimiento en 1994. El Ayuntamiento consiente desde entonces su funcionamiento esgrimiendo que la zona norte de Madrid, donde se asienta este vertedero, necesita un lugar donde poder verter los 1.700 camiones de escombros que se generan a diario en esa zona. Entre 600 y 1.200 pesetas cuesta verter ahí basura, dependiendo del tonelaje del camión. Recientemente, los transportistas se han quejado de que la escombrera les cobraba un IVA (el 16%) superior al permitido por el Ministerio de Economía y Hacienda.