El alcalde mantiene la ORA pese a la sentencia
El alcalde de Madrid mantendrá la aplicación de la Operación de Regulación de Aparcamientos (ORA), a pesar de la sentencia del Supremo, conocida el miércoles, que declara ilegales estas multas porque los controladores de los vehículos no son agentes de la autoridad. La posibilidad de que esta resolución sea el pistoletazo de salida para la insurrección dé los conductores inquieta a los responsables municipales, que deben decidir si aplican el bando como hasta ahora -así lo propone el concejal de Circulación- o ajustan las denuncias a los requisitos judiciales, a lo que se refiere el primer teniente de alcalde.
La sentencia del Supremo, publicada ayer en la revista judicial La Ley, es el punto final a un proceso abierto por el abogado Eduardo Rodríguez González (ver EL PAÍS de ayer), cuyo vehículo fue denunciado por un controlador de la ORA en enero de 1985.Las fechas de la notificación de la sentencia, redactada el 1 de octubre de 1991, son confusas. Mientras el concejal de Circulación, José Antonio García Alarilla, afirmaba que no tuvo conocimiento del fallo hasta el pasado miércoles, la agencia Europa Press aseguraba ayer que se notificó al Ayuntamiento el pasado 4 de noviembre. "Es posible que llegara a la asesoría jurídica y. que no se le prestara atención" comentó ayer el concejal.
Tras la difusión del fallo, la respuesta municipal ha sido contundente: la ORA seguirá aplicándose. El Ayuntamiento señala que la sentencia resuelve un caso concreto, pero no sienta jurisprudencia para los demás (son necesarias dos sentencias iguales, y todavía sólo hay una).
Lo que no queda tan claro, sin, embargo, son los términos en los que se aplicará: mientras el concejal de Circulación no veía la necesidad de introducir ninguna modificación en el actual sistema, el primer teniente de alcalde, Luis María Huete, aseguraba que ya se ha trabajado para ajustar las denuncias de la ORA a los requisitos judiciales.
Pleitos o policías
Para García Alarilla, los controladores pueden seguir redactando denuncias y sólo en caso de pleito el Ayuntamiento deberá aportar pruebas complementarias.
"No hay dos casos iguales en Derecho" afirma. Luis María Huete se mostraba más precavido: "Las denuncias, hasta ahora, estaban refrendadas por el concejal de Circulación. Estamos ya trabajando para que los controladores presenten pruebas complementarias, como la denuncia de un agente municipal o de otro testigo, y para que sean notificadas en la forma debida".
En este sentido, el concejal de Seguridad, Carlos López Collado, declaró ayer a la agencia Efe que el Ayuntamiento reforzará la presencia policial en los principales ejes de la ciudad (paseo de la Castellana, Alberto Aguilera, Serrano, Velázquez, Gran Vía, Alcalá, Cea Bermúdez, Abascal y María de Molina), al tiempo que tramitará las multas impuestas en ellos de forma urgente.
Esta solución, sin embargo, es acogida con escepticismo por los grupos de oposición. "Para una grúa es relativamente fácil avisar a la Policía Municipal cuando va a retirar un vehículo. Pero en el caso de la ORA, eso es algo que no tiene salida", aseguré el concejal socialista Eugenio Morales, antiguo concejal responsable de Circulación.
"Los ayuntamientos no pueden dedicar los agentes municipales a regular el tráfico. Es impensable desde el punto de vista organizativo y presupuestario", asegura José Luis Pestaña, concejal de Izquierda Unida, para quien la sentencia del Supremo es un "duro golpe" para las actuaciones que tratan de resolver el problema del tráfico en las grandes ciudades. "La ley dice que los ayuntamientos son competentes en la regulación del tráfico, pero de hecho hay un vacío normativo para la aplicación de esas ordenanzas".
Los grupos de oposición, que consideran la regulación del aparcamiento como una medida imprescindible en las grandes ciudades, creen que la solución al problema planteado por la sentencia del Supremo puede concretarse con alguna prueba que fuera aceptada por los jueces, ,como la presentación de fotografías, o en dotar a los controladores de la ORA del carácter de fedatario público, de forma que sus denuncias tuvieran validez. No obstante, las fotos no pueden verificar el tiempo que lleva estacionado un coche ni si ha rebasado el establecido por su tarjeta.
"De todas formas, no debería haber ninguna preocupación política, porque la ORA en Madrid no sirve para nada", comenta el ,socialista Eugenio Morales. "No hay conciencia ciudada", no se venden boletos, y las denuncias no se tramitan ni se pagan" agregó.
La opinicón de un catedrático
Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo, opina que la sentencia del Supremo se enmarca en una línea adoptada por los tribunales Supremo y Constitucional: exigir que la Administración pruebe sus denuncias. "Antes de la Constitución, la palabra de la Administración era una Verdad absoluta. Esto chocaba con el principio de presunción de inocencia; ahora, la palabra del ciudadano tiene la misma validez".
"A partir de esta sentencia" agregó, "el Ayuntamiento debe cambiar el sistema, porque los tribunales anularán todas las sanciones. Los responsables deben regular el estatuto de los controladores, dotándoles de alguna autoridad, o sustituirlos por policías, o arbitrar sistemas para enriquecer las pruebas. Lo que está claro es que tal y como están no van a ninguna parte".
Tras la difusión de la sentencia, varios ayuntamientos españoles, como los de Valencia, Bilbao, Las Palmas, Burgos, León, Salamanca, Segovia y Santiago, se plantean una eventual revisión de la normativa de aparcamiento en la vía pública o una modificación de su aplicación, según informaron los corresponsales. de EL PAÍS. Fuentes del área de tráfico del Ayuntamiento de Burgos -donde gobierna el Partido Popular- señalaron ayer: "Habrá que asumir la sentencia y arbitrar medidas para devolver el dinero a los ciudadanos".
El asesor jurídico del Ayuntamiento de Salamanca, Enrique Sagües, reconoce que la ordenanza sobre la ORA "no ha entrado de lleno en este tema" y apunta la posibilidad de que la Policía Municipal se encargue ahora de las sanciones, informa Marifé Moreno.
La mayoría de los responsables de Tráfico de los principales ayuntamientos de Galicia evitaron ayer pronunciarse sobre la sentencia del Tribunal Supremo. Sólo el concejal de Santiago, Joaquín Buergo, adelantó que está dispuesta reformar las ordenanzas para adaptarlas al fallo judicial, informa el corresponsal Xosé Hermida.
