Nuevo revés judicial a Madrid

Al Ayuntamiento le crecen los enanos en los juzgados. No pasan dos meses sin que un juez falle en contra de alguna gran decisión tomada por el Consistorio en los últimos años. Son ya ocho sentencias desfavorables en 24 meses que han tumbado leyes, ordenanzas o remodelaciones que, según los tribunales se han hecho de manera ilegal. En la mayoría de casos, el Ayuntamiento considera que se trata de errores formales sin consecuencias prácticas. Pero en todas las sentencias se señala que el gobierno municipal ha actuado de forma ilegal.

El varapalo más reciente es el que ha aceptado un recurso del PSOE y que anula varias partidas por valor de 77 millones de euros de los presupuestos municipales de 2005. Según el magistrado, Hacienda destinó ese dinero, obtenido a través de la venta de patrimonio público, a proyectos que, según la Ley del Suelo de la Comunidad, no podían ser financiados así. Entre estas reformas está el anillo distribuidor de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, la remodelación del intercambiador de Conde de Casal o el acondicionamiento de varias dotaciones públicas. Según la ley, el dinero del patrimonio tiene que destinarse a proyectos completos y no a complementos.

El Ayuntamiento recurrirá la sentencia y considera que, en cualquier caso, se trata de un error formal subsanable. El concejal del PSOE Pablo García Rojo cree que el fallo es sintomático de la forma de actuar del Consistorio. "La excelencia en la gestión que proclama el alcalde no es tal porque, a pesar de haber multiplicado sus cargos de confianza, hacen una gestión económico-financiera que sobrepasa los límites legales".

A este revés hay que sumar el que anuló los presupuestos de 2002 por el mismo motivo. El Consistorio alegó entonces que el problema era de la anterior Corporación. La sentencia no tendrá efectos prácticos.

Pero, a los servicios jurídicos del Ayuntamiento han llegado recientemente fallos que cuestionaban la legalidad de otras grandes decisiones que se han tomado durante los dos mandatos de Alberto Ruiz-Gallardón. El último, el que anula la ampliación de la zona de parquímetros fuera del anillo de la M-30. Una sentencia del TSJM que confirma el fallo anterior de los tribunales y que se basa en una cuestión formal sobre cómo se tomó la decisión. El Ayuntamiento tuvo que enmendarse antes del verano mediante pleno para resolver el entuerto creado.

Además, un juez también anuló la nueva tasa de vados por la que se aumentaba sobre medida la cuantía de dicho impuesto. El Ayuntamiento recurrió esa decisión al Tribunal Supremo y está a la espera de la decisión final. Mientras tanto, asociaciones ciudadanas ya han iniciado campañas para no pagar el aumento de precio.

La ampliación del Plan General de Ordenación Urbana también fue anulada, así como la ampliación de Mercamadrid, la restricción al tráfico de la colonia Marconi o las obras de la M-30. Una retahíla de sentencias, cree la oposición, que retratan una manera de actuar del gobierno municipal.