PSM e IU piden que Aguirre y Granados dimitan por el espionaje

Los grupos de la oposición (PSM e IU) llevan desde 2009, cuando el caso salió a la luz, pidiendo en la Asamblea responsabilidades al Gobierno regional por su implicación en el caso del espionaje a altos cargos regionales del PP por agentes de la Comunidad de Madrid. Ayer volvieron a la carga y reclamaron la dimisión de la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, y la del consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados, porque los presuntos espías trabajaban a sueldo del Ejecutivo regional.

"Volvemos a reiterar la petición de que dimitan", afirmó la portavoz socialista, Maru Menéndez, que destacó la importancia del auto que reabre el caso. "No solo pide que se continúe con las diligencias, sino que señala indicios de malversación de fondos públicos", subrayó Menéndez, que recalcó que este delito atañe directamente al Ejecutivo de Aguirre. "También dice cosas importantes como que los asesores de Granados mintieron, porque negaron su vinculación con los hechos y, cuando se verificó su presencia llegaron a hablar de contravigilancia, cuando era espionaje político".

"¿Con qué dinero ha financiado el famoso espionaje?", pregunta Gómez

También el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, insistió en pedir responsabilidades durante un programa de televisión. "¿Con qué dinero y de quién se ha financiado el famoso espionaje de la Comunidad de Madrid?", planteó. Luego añadió que "presuntamente se ha financiado con dinero de los ciudadanos" y dejó caer que "probablemente haya fondos reservados".

El portavoz de IU en la Asamblea, Gregorio Gordo, recordó que su grupo ha reclamado la dimisión de Aguirre y Granados en numerosas ocasiones, incluida la comisión dedicada al espionaje, en la que el PP, con la mayoría de sus votos, impidió la comparecencia de la mayoría de los implicados. "La reapertura del caso pone de manifiesto hechos evidentes", consideró Gordo. "Granados estorba en esa consejería desde que llegó".

Una portavoz de la Consejería de Presidencia, aseguró que Granados no va a dimitir por este asunto.Los principales espiados mantuvieron ayer silencio. El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, declinó hacer comentarios y el exvicepresidente regional Alfredo Prada, anterior titular de Justicia e Interior, mantuvo su teléfono desconectado.

Nada más conocerse la noticia de la reapertura del caso, el PP trató de desacreditar la decisión judicial. El portavoz adjunto del PP en la Asamblea, Pedro Muñoz Abrines, afirmó a Europa Press que "la influencia política ha tenido mucho que ver" en la decisión. Y cargó contra la magistrada. "Hay que recordar que la juez que ha dictado el auto además de no ser titular de carrera por oposición es hermana de Cristina Almeida, que fue portavoz del grupo socialista en la Asamblea", acusó.

La juez Almeida, ponente del auto, ingresó en la sección XVI de la Audiencia Provincial hace un año para cubrir una vacante. Es una penalista de reconocido prestigio con muchos años de experiencia, según fuentes judiciales. De tendencia progresista, presentó su currículo y superó una entrevista antes de que el Consejo General del Poder Judicial la aceptara para el puesto.

'Caso Bono'

Pero el auto también lo firman los jueces Manuel Hidalgo Abia, presidente de la sección XVI desde 1989, y Rosa Esperanza Rebollo Hidalgo, titular de la misma sección. El primero, de tendencia conservadora, fue, antes de ocupar su puesto actual, juez de instrucción y, previamente, policía. Fue el ponente de la sentencia del caso Bono, en 2006, que condenó a tres mandos policiales por detener a afiliados del PP acusados de agredir en una manifestación al entonces ministro José Bono. En su día, Esperanza Aguirre, defendió y alabó dicho fallo, revocado por el Supremo. La juez Rebollo, que lleva siete años en la Audiencia Provincial, estuvo al frente del juzgado de lo Penal 22 de Madrid. También formó parte del tribunal que juzgó y sentenció el caso Bono.

Cuando este periódico preguntó a Pedro Muñoz Abrines por qué había obviado la participación de estos dos últimos jueces en la decisión de reabrir el caso, el diputado remitió a las declaraciones hechas a una agencia. La portavoz del PP madrileño, Lucía Figar, insistió en las mismas acusaciones contra la juez Almeida: "Vamos a pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial".

La abogada Cristina Almeida, hermana de la juez aludida, defendió ayer que ni ella tiene nada que ver ya con el PSOE, ni su hermana tiene vínculos políticos.