Penúltima batalla de la 'guerra de las chabolas' en Las Mimbreras
El Ayuntamiento termina los realojos y deja solo 20 infraviviendas en pie
"El barrio ha muerto". La frase lapidaria es de un hombre de pocas palabras. La defunción del poblado marginal de "tipología especial" Las Mimbreras II la certifica un sujeto menudo, de lenguaje económico pero imperativo, gesto inalterable, tocado con un casco de camuflaje y una guerrera verde militar. Se trata del técnico municipal Julio César Santos. El sepulturero de chabolas. El Ayuntamiento derribó ayer las últimas cuatro infraviviendas con derecho a realojo del asentamiento. De las 121 que se amontonaban hace poco más de un año ya solo quedan 20 en pie. Las últimas. Ninguno de sus moradores tiene derecho a un piso de protección oficial (entre 60 y 120 euros de alquiler mensual).
"¡Si nos tiran las casas y no nos van a dar nada, cortamos las carreteras!"
Son los okupas de Las Mimbreras. Paradójicamente, se trata de los primeros habitantes del poblado. Con permiso de la Administración regional se metieron en las viejas casitas prefabricadas que configuraban el barrio en su momento. Algunos llevan 13 años en ese enclave entre la M-40 y la carretera de Extremadura, tierra de nadie entre Aluche y el barrio leganense de La Fortuna. Un cúmulo ahora de escombros que en su momento fue un activo foco de delincuencia. "Se robaban coches nuevitos y se vendían los motores", confiesa Antonio Vargas -"gitano, cristiano evangélico, sin antecedentes penales y chatarrero"- mientras aguarda la piqueta calentándose en una hoguera.
Acaba de salir el sol y los furgones policiales suben la cuesta llena de baches. Siete vehículos con seis agentes de intervención especial, vulgo antidisturbios, en su interior. Las fuerzas parecen excesivas, pero el historial de respuesta violenta a los derribos del poblado es amplio. Desde 2007 se han sucedido los incidentes. Incluyendo heridas de gravedad en los agentes. Por ejemplo, a palazos. O a pedradas. Con menores y mayores detenidos y decenas de agentes hospitalizados.
Mientras los policías se despliegan entre los escombros, algunos hombres y mujeres discuten con los funcionarios municipales. Llevan garrotas. Pero no pasa nada. "¡Si no nos van a dar nada y nos tiran las casas, cortamos las carreteras!", amenaza José, que apostilla que lo único que pretende es que le digan la verdad. Dos mujeres en bata esgrimen documentos y señalan contradicciones burocráticas. Dicen que piensan denunciar.
Más abajo, Juan Manuel se ha resignado. No le toca piso y su chabola, tras 11 años en pie, cede ante el brazo mecánico de la grúa. "Me denegaron el piso porque tengo un BMW, pero es que es muy antiguo y en realidad es de mi padre", explica mientras sus hijos recogen antenas para-bólicas y sacan colchones por el tejado. Uno de ellos escucha el parlamento de su padre con una especie de daga en la mano. La usa para cortar cosas duras que deben llevarse.
"Esto es lo que hay. Lo deciden los superiores", es la explicación de los técnicos municipales encargados de los derribos. Unas demoliciones que se enmarcan en el plan especial que se trazó el Ayuntamiento en 2008. El propósito era acabar con 837 infraviviendas repartidas entre El Cañaveral, Las Mimbreras, El Ventorro de la Puñalá, Santa Catalina y otros asentamientos menores como el de Puerta de Hierro. Solo queda para culminar el proyecto terminar de demoler Santa Catalina y El Ventorro, aunque en ambos ya han comenzado los derribos.
