Quemados por un contrato

Cada verano el Plan de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid, Infoma, contrata a trabajadores para prevenir y luchar contra los fuegos en el campo. Y desde 2003 estos han estado en guerra continua con la Comunidad. Piden contratos indefinidos fijos discontinuos, una modalidad de contrato que reconoce que cada año se repiten las mismas tareas. Reclaman ese tipo de contrato con los derechos laborales que conllevan. Hasta ahora solo les ofrecen un contrato de obra y servicio.

Casi 200 trabajadores denunciaron a la Comunidad de Madrid. Los tribunales les han respaldado y

el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha unificado la doctrina. La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, responsable de la campaña contra el fuego, sigue sin reconocer esta condición a muchos, que deben acudir a los tribunales. El sindicato SUT ha denunciado a la Comunidad de Madrid ante la fiscalía, porque considera que incumple la legislación laboral. "Por el incumplimiento sistemático de la doctrina del Supremo", justificó el sindicato en una nota de prensa el pasado miércoles. "Hay 192 trabajadores con sentencia firme, pero el Gobierno regional solo ha reconocido 89 como fijos discontinuos", precisa Manuel Granado, portavoz del SUT.

Piden contratos indefinidos fijos discontinuos y no de obra y servicio

Una portavoz de Presidencia e Interior asegura que "la Comunidad respeta las decisiones de los tribunales". Explica que cada año la necesidad de trabajadores es distinta. La portavoz regional añade que la Comunidad prevé profesionalizar el Infoma con más bomberos funcionarios. Pero el responsable sindical no lo cree: "Llevan mucho tiempo diciendo que van a emplear a bomberos, pero no lo hacen nunca".

Granado dice que no solo le preocupa la situación laboral. Cuenta que muchos años la mitad de los trabajadores que contrata la Comunidad para luchar contra el fuego son nuevos. "Los equipos son más ineficientes y no funcionan como deben. En otras regiones, hasta el 90% de los trabajadores repiten cada año", asegura.

El conflicto fue debatido en la Asamblea de Madrid el verano pasado. La diputada socialista Encarnación Moya preguntó al exconsejero Francisco Granados si iba a "pagar de su bolsillo el incremento de los intereses legales por incumplimiento de las sentencias". Granados contestó que el Ejecutivo regional cumple "escrupulosamente la ley" y que acatan "las sentencias". El exconsejero aseguró en el Parlamento regional: "Los trabajadores son indefinidos discontinuos, y no son fijos". Pero según la ley solo hay una modalidad de contratación llamada "contrato indefinido de fijos discontinuos". La doctrina del Supremo considera que los trabajadores del Infoma deben tener esta modalidad de contratos. El responsable del SUT considera que las objeciones para hacer este contrato a los trabajadores esconden la intención de privatizar el servicio. La socialista Moya también preguntó por esto en la asamblea: "Entiendo que esté enfadado y disgustado porque las sentencias dificultan esa intención que tiene usted de privatizar el servicio". Granados prefirió no contestar.