"Sólo pidieron los papeles a los negros"

Primera versión: un grupo de policías entró en el local. "Documentación", pidió el primero. El domingo a media noche unas 20 personas cenaban en el restaurante senegalés Baobab, situado en la plaza de Cabestreros (Lavapiés). Según varios testigos, cinco de los clientes eran negros y fueron los únicos a los que los agentes les reclamaron la documentación. Se llevaron a dos detenidos por no tener la documentación en regla. Uno de ellos estaba en la barra esperando su comida para llevar. Pasaron la noche en la comisaría de Aluche. "Los identificaron por ser negros", protesta Ibrahim Ndiaye, presidente de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses en España, que ha puesto una denuncia con la ONG Movimiento contra la Intolerancia por "redadas discriminatorias".

Segunda versión. Los agentes de policía, que venían de un operativo contra la piratería y ropa falsificada en el que detuvieron a 20 personas e incautaron más de 2.000 CD, estaban identificando a sospechosos en la plaza de Cabestreros, según una portavoz policial. Tres de ellos huyeron y entraron en el restaurante, hasta donde les siguieron los agentes. Por eso no pidieron la documentación a nadie más, asegura la portavoz, que niega que identifiquen a la gente por su aspecto.

"Como un gueto"

Movimiento contra la Intolerancia ha denunciado ante el Defensor del Pueblo "este tipo de redadas contra inmigrantes" que da una "imagen delictiva" de la inmigración y "alimenta la xenofobia", según el escrito de queja. También han presentado una denuncia ante la Delegación del Gobierno, en la que reclaman su mediación en el asunto. "No se puede criminalizar a los vecinos de un barrio por su color", protesta Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia. "La policía trata a Lavapiés como un gueto", protesta. Estas actuaciones "son restricciones a los derechos humanos que dañan a colectivos indefensos y vulnerables, como los inmigrantes sin papeles".

Su queja se suma a la de otros colectivos -como la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIME) y cuatro sindicatos policiales-, después de que el pasado febrero se difundiera una nota interna de la comisaría de Villa de Vallecas en la que se fijaba un cupo de detención de 35 extranjeros por semana.