El Tribunal Superior anula el plan con 700 viviendas nuevas en Perales de Tajuña

El urbanismo madrileño ha recibido un nuevo varapalo de los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado un plan urbanístico que permitía construir 718 viviendas en Perales de Tajuña (2.858 habitantes). Este planeamiento contaba con el visto bueno de la Comunidad de Madrid que aprobó las normas transitorias que lo regulan en marzo de 2007.

La mitad de las viviendas estaban proyectadas en una zona de vega inundable ocupada desde hace decenas de años por huertos. El TSJM anula el plan tras un recurso de Ecologistas en Acción por considerar que acarreaba la destrucción de ricas zonas de vega. El tribunal considera que las normas fueron aprobadas "extemporáneamente".

Las normas transitorias de Perales de Tajuña pretenden la reclasificación de la Vega del Lugar, situada al este del municipio. Estas normas también incluyen la construcción de un polígono industrial que sirva como apoyo logístico para el futuro aeropuerto de Campo Real. Ecologistas considera que tendrá un gran efecto paisajístico.

La Comunidad de Madrid aprobó el plan a través de las normas transitorias, un mecanismo que permite agilizar los trámites urbanísticos. A diferencia de los planes urbanísticos, estas normas son redactadas y aprobadas por la Administración regional.

Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio explica que la decisión del tribunal se debe a un defecto de forma. "La Ley del Suelo establece un plazo máximo de seis meses para elaborar estas normas. Nos excedimos porque pedimos informes sectoriales que las retrasaron", justifica. Este portavoz confirmó que la Comunidad de Madrid ya ha recurrido la sentencia del TSJM.

Ecologistas en Acción considera que el Gobierno regional de Esperanza Aguirre se ha servido de esta "modalidad de plan para agilizar la aprobación de actuaciones urbanísticas muy conflictivas, como la de Perales o Los Molinos (también anuladas)". La organización ecologista observa con preocupación la política urbanística del Ejecutivo regional. "Esta situación no puede ser aceptada ya que es una muestra de la mala salud de un Gobierno autoritario y que desprecia las leyes", zanja.