Vida de una funcionaria (en huelga)

A las nueve de la mañana empieza el tajo en los juzgados de Leganés. Lucía, licenciada en Derecho, de 32 años, trabaja en como funcionaria de gestión procesal. Su salario base es de 1.070 euros. Cuando llega a su puesto se enfrenta cada día a los cerca de 10 procedimientos que lleva en paralelo, otras tantas declaraciones y se prepara para atender a hileras de ciudadanos y profesionales. "La cantidad de trabajo nos desborda", afirma. "Tenemos que ir lo más deprisa que podamos. Somos pocos y las causas, muchas. Ves filas de personas a las que no vas a poder atender todo lo bien que quisieras: tienes que ir rápido para poder atender al siguiente. Y son personas con problemas: víctimas de delitos, agresiones, robos... están desprotegidas".

El 75% de los 5.700 trabajadores secunda los paros desde el miércoles

Los procedimientos se amontonan, algunos en trámites desde hace años. "La población crece y el personal de Justicia, no", resume Lucía. "Los centros comerciales se multiplican en la zona sur y crecen los robos y hurtos. Pero somos los mismos para tramitarlos. Es insostenible, te sientes impotente porque no puedes hacer más".

El paro indefinido convocado por los funcionarios de la Administración de justicia regional alcanza hoy su cuarto día. Los sindicatos afirman que la Comunidad soporta cerca del 38% de los asuntos judiciales de España. Por enfrentarse a este volumen de trabajo los funcionarios de la Administración reciben un complemento salarial que depende de las comunidades y el puesto de trabajo.

Lucía recibe un complemento de 255 euros, que es de los más bajos que otorgan las ocho comunidades que tienen transferida la gestión del personal de justicia. Sus compañeros del País Vasco reciben el doble. En Cataluña, el suplemento es de unos 230 euros más altos que en Madrid, según los sindicatos.

Una de cada siete semanas Lucía tiene guardia: ocho días de disponibilidad absoluta que, cuando concluyen, se solapan con su jornada semanal. Llega a trabajar 13 días sin descanso. "Pueden llamarme, por ejemplo, a las cuatro de la mañana para atender a un detenido. Y cada vez es más frecuente, pero el número de funcionarios estipulado por la Administración es fijo desde hace años". Por las guardias reciben otro suplemento, pero son demasiadas y demasiado extenuantes.

Los sindicatos estiman que, por cada jornada de huelga, quedan sin celebrarse 800 juicios en la región. Cerca de un 75% de los aproximadamente 5.700 funcionarios de la Administración de justicia de la Comunidad de Madrid secunda el paro. Son las Lucías que ponen los papeles sobre las mesas de los jueces: los encargados de tramitar diligencias, oficios, declaraciones, citaciones... Ayer, 1.500 cortaron el tráfico en el paseo de la Castellana, a la altura de los juzgados de la plaza de Castilla, tras una asamblea en la que planificaron sus acciones para la próxima semana.

"Desde el punto de vista de la justicia esta huelga es una tragedia", lamenta Arturo Bertrán, presidente de la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de Madrid. "Muchos estamos preocupados. El número de jueces de la región es bajo para su población, tenemos más trabajo que en el resto de España. Por eso a nosotros se nos reconoce. Los funcionarios son los que nos acompañan siempre en nuestro trabajo y merecen que se les reconozca ese esfuerzo".

Bertrán estima que, a raíz de la huelga, sólo en su sección cada semana se quedarán sin celebrar 140 juicios. "Las consecuencias de la huelga afectan a los más débiles, en nuestro caso a los presos, que son los olvidados de la sociedad: la tramitación de permisos, revisiones de grado o sentencia... A este paso a partir del martes van tener que dejar de ser atendidos. Hace falta que se sienten a dialogar con los trabajadores".

Los sindicatos denuncian que la Consejería de Justicia no se ha puesto en contacto con ellos, a pesar del paro. Este periódico intentó sin éxito hablar con dicha consejería para que explicase las razones del desencuentro.