El alcalde majariego, imputado en un presunto delito contra el medio ambiente

El alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, del PP, prestará declaración el próximo día 23 como imputado en las diligencias previas por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Los hechos investigados son la supuesta ocupación de una vía pecuaria y el uso de aguas subterráneas para levantar y regar el campo de golf de esta localidad de 42.000 habitantes. La citación se debe a una denuncia que interpuso el grupo socialista majariego en 1998. En ella se alertaba sobre la sustracción sin control de agua subterránea para regar las instalaciones deportivas, y se aseguraba, además, que el campo de golf había invadido la vía pecuaria Camino de San Antón.

Los hechos se pusieron en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), el fiscal de Medio Ambiente y la Comunidad de Madrid. El Juzgado de Instrucción número dos de Majadahonda también ha citado a la empresa concesionaria del campo de golf, Soto-Once, SL.

El alcalde asegura que su declaración no le quita el sueño. 'Estoy seguro de que el proceso se archivará como mucho dos o tres días después de mi comparecencia', dice. La firmeza que manifiesta Ortega se debe a que, en su opinión, las causas que fundamentaban la denuncia han desaparecido. 'La vía pecuaria se ha restablecido en las condiciones que pedían la Comunidad y el juzgado', subraya el regidor. 'En cuanto al agua, existe un informe que certifica que el consumo es el correcto', agrega.

Exigencias de la Comunidad

La Consejería de Medio Ambiente envió un informe al Ayuntamiento de Majadahonda, en 1999, en el que le exigía que el campo de golf cumpliese unos requisitos. Según Antonio Morales, portavoz municipal del PSOE, la Comunidad adoptó una solución provisional que permitía la utilización de agua reciclada junto con agua de un pozo que ya existía en las instalaciones. El pozo debía disponer de un contador con precinto. También instaba al Ayuntamiento a controlar el consumo y a indicar al Gobierno regional, cada seis meses, el resultado de las mediciones.

Morales asegura que, ante la persistencia de la situación irregular, la fiscalía de Medio Ambiente ha decidido volver a impulsar el procedimiento. La Comunidad declinó ayer hacer declaraciones alegando que existe un proceso judicial abierto y que toda la documentación obra en poder del juzgado.

La empresa Soto-Once, SL, obtuvo la concesión del campo de golf en junio de 1997 (por 50 años), con el anterior alcalde de la localidad, Ricardo Romero de Tejada, actualmente secretario general del PP en Madrid. El grupo municipal socialista se opuso entonces a la construcción de las instalaciones porque ocupaban un espacio tipificado como zona verde. 'En estos terrenos debería existir un parque con libre acceso a todos los ciudadanos', reivindica Antonio Morales.