La 'autoventa' de Mercamadrid abre otro frente entre el Estado y Gallardón

Nadie dijo que fuera a ser fácil, pero la intención del alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, de vender el 51% de su participación en Mercamadrid a la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos (MEyC) no ha tardado en convertirse en fuente de conflicto entre los dos grandes socios del principal mercado de abastos de España.

Mercasa, la sociedad pública estatal, que cuenta con una participación del 49%, se dispuso a facilitar la operación que inyectará 190 millones de euros en las arcas municipales, pero condicionó su autorización a obtener un mayor poder en la toma de decisiones en la empresa. El Ayuntamiento no tiene intención de concedérselo, según avanzan fuentes municipales, y confía en que la transacción se haga por las buenas o por las malas. Ya se ha dado el primer paso.

MEyC cambiará sus estatutos para adquirir el 51% del mercado

Ayer, durante el primer Consejo de Administración de MEyC después de que el alcalde confirmase su decisión (que adelantó Cinco Días) de desprenderse de Mercamadrid para pagar a sus proveedores, se decidió adquirir los derechos de usufructo del 51% de las acciones de Mercamadrid.

El acuerdo, que deberá ratificarse en el Pleno municipal, no solo acelera los trámites para que la operación pueda cerrarse antes de fin de año, sino que se adelanta a la posible negativa de Mercasa a autorizar que MEyC compre las acciones del Ayuntamiento.

En el caso de que la empresa estatal cumpla su amenaza de obstaculizar con su voto la transacción si no se restablece el régimen de mayorías cualificadas para la aprobación de cuentas, distribución de beneficios y nombramiento de altos cargos, el Ayuntamiento seguirá adelante. Mantendrá la titularidad de las acciones y cederá sus derechos a MEyC, una maniobra para la que no necesita autorización.Cuando el pleno municipal, donde Gallardón tiene mayoría, apruebe el traspaso de titularidad de las acciones de Mercamadrid a Madrid Espacios y Congresos (MEyC), esta, muy interesada en la adquisición, pagará al Ayuntamiento antes de fin de año 150 millones de euros. Ya en 2011, cuando se complete la operación, abonará la diferencia de 40 millones. La inmediata inyección de efectivo es clave para permitir al alcalde reducir el retraso de pago a proveedores de 10 a siete meses de media, según declaró el concejal de Hacienda, Juan Bravo, el jueves pasado.

Para que la cesión en usufructo sea posible, el Consejo de Administración de MEyC también tuvo que aprobar ayer la modificación de su objeto social para incluir en la actividad de la sociedad la "administración, gestión, usufructo y enajenación sobre participaciones de entidades mercantiles". Un cambio que no excluye la entrada de capital privado en la empresa pública.

Mercasa sostiene que para "garantizar el carácter público de Mercamadrid" es necesario que las "decisiones clave" -aprobación de cuentas, nombramientos del presidente y el director general y distribución de beneficios- sean fruto del consenso y no de una mayoría simple, exigible hasta ahora, explican fuentes de la empresa. "La disposición de Mercasa es de colaborar, pero es un tema lo suficientemente importante como para estar pendientes de que la operación se ajuste a la legalidad y sea exquisita en el fondo y en la forma", añaden las mismas fuentes.

Las condiciones de la empresa estatal se interpretan de manera muy distinta en el palacio de Cibeles. Fuentes participantes en la transacción deslizan que "Mercasa se está aprovechando de la situación, donde está mezclando los intereses empresariales con la política".

Por su parte, el concejal socialista y miembro del Consejo de Administración de MEyC, Óscar Iglesias, criticó ayer "la opacidad de la operación", de la que se ha enterado, recuerda, por la prensa. "Es una operación que se ha hecho por la necesidad de dinero de Gallardón y que puede ser el primer paso para la privatización de empresas municipales", cuestionó Iglesias, que solicitó durante el Consejo varios informes para asegurarse de la legalidad de la transacción y de que la valoración de las acciones de Mercamadrid, con un beneficio de nueve millones de euros anuales, se ajusta a la realidad.

"Lo que el Ayuntamiento quiere hacer es lo mismo que ha hecho el Estado [participar con una empresa pública en el mercado]. Es absurdo que se oponga", explica el presidente de Mercamadrid, Luis Blázquez, que a su vez preside la empresa municipal. "El Ayuntamiento no puede privatizar Mercamadrid, porque antes tendría que disolverla", añadió.

El viernes todos los interesados se verán las caras en el Consejo de Mercamadrid, donde el Ayuntamiento, mediante mayoría cualificada, buscará la aprobación de la venta de sus acciones.