Los colegios de la región superan la ratio de alumnos que fija la ley, según Simancas

El candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rafael Simancas, criticó ayer que las aulas de los colegios públicos de la región están "masificadas" al superar hasta en un 12% la ratio recomendada por la ley. Según él, estas cifras son una de las principales causas del alto fracaso escolar en la Comunidad, un 22 %, ya que la situación de los estudiantes es, dijo, "incompatible con el aprovechamiento, el éxito escolar y la convivencia".

El candidato realizó estas declaraciones tras una reunión sobre educación con una veintena de representantes socialistas de municipios del este de la región, donde aseguró que la situación es "crítica" porque en zonas como el Corredor del Henares afecta a unos 30.000 niños.

Simancas culpó a Esperanza Aguirre, presidenta regional, del índice de fracaso escolar por la falta de inversiones en personal y mantenimiento y construcción de infraestructuras. "El sistema educativo público se encuentra en una situación de deterioro y discrimina en función de la capacidad económica de las familias y su procedencia social y territorial", y aseguró que "el principio favorito de Aguirre es 'tanto tienes, tanto vales".

Entre sus prioridades, Simancas destacó el objetivo de reducir la ratio escolar de 25 a 20 alumnos en la escuela primaria y de 30 a 25, en la secundaria, así como rebajar a un 10% los índices de fracaso escolar en la región. Para ello abogó por duplicar el presupuesto educativo en los próximos cinco años.

Asimismo, Simancas anunció su intención de llevar los programas bilingües a todos los colegios públicos de la Comunidad en un plazo máximo de ocho años con la ampliación de este tipo de enseñanza desde los tres años y la puesta en marcha de clases de conversación de 15 alumnos por aula.

Por su parte, la alcaldesa de Torrejón de Ardoz, Trinidad Rollán donde Simancas hizo esta valoración, aseguró que su municipio presenta "graves necesidades" en materia educativa, en su mayor parte referentes a la falta de escuelas infantiles públicas, de aulas de enlace para inmigrantes y de profesores de apoyo y compensatoria.

Peritaje para aclarar las cuentas de la empresa

El titular del juzgado de instrucción número 1 de Getafe ha designado un perito para que elabore un informe específico sobre dónde se han invertido los 40 millones de euros adelantados por los cooperativistas y la capacidad de la gestora PSG para devolver el dinero a los socios que quieran darse de baja.

El seguro que avala las cantidades entregadas por los socios tiene una cláusula especial que no cubre ninguna cantidad en el caso de que el procedimiento urbanístico fuese el de expropiación, que es el que el Ayuntamiento de Getafe determinó para los desarrollos urbanísticos donde pretende construir PSG.

"Ya advertimos en siete comunicados que en esos terrenos se iba a construir por expropiación y que ninguna cooperativa tenía asegurado el suelo", explicaron ayer fuentes del Consistorio getafense (PSOE e IU).

El dueño de PSG, David Moreno, aseguró que el juez le dijo ayer que transmitiese a los cooperativistas "que estén tranquilos". "Todo va bien. Esto se debe a que estoy sufriendo una persecución política por parte de la Dirección General del Suelo y del Fiscal de Medio Ambiente", concluyó Moreno.

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